Las búsquedas fueron ordenadas por Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema que asumió el proceso, abierto la semana pasada luego de que la prensa divulgara los mensajes en que los empresarios defienden un golpe de Estado en caso de una victoria del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 2 de octubre.
Las ocho órdenes de allanamiento fueron cumplidas en las residencias de los empresarios acusados en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Ceará.
Los empresarios investigados son conocidos aliados de Bolsonaro, que aspira a ser reelegido en octubre, pero al que los sondeos lo muestran en clara desventaja frente a Lula.
Además de los allanamientos, la Corte Suprema ordenó el embargo de las cuentas bancarias y de las cuentas en las redes sociales de los empresarios investigados.
Entre los empresarios investigados destacan Luciano Hang, propietario de los grandes almacenes Havan; Meyer Nigri, de la constructora Tecnisa; José Isaac Peres, de la red de centros comerciales Multiplan, e Ivan Wrobel, de la constructora W3.
Asimismo, son investigados José Koury, del centro comercial Barra World Shopping; André Tissot, presidente del Grupo Serra; Marco Aurélio Raimundo, de la compañía Mormaii, y Afranio Barreira, de la red de restaurantes Grupo Coco Bambu.
MENSAJES GOLPISTAS. Los polémicos mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp fueron divulgados por el diario Metrópoles y, después de estallar la polémica, los empresarios admitieron integrar el chat pero negaron haber defendido cualquier acto inconstitucional y se ampararon en su derecho a la libertad de expresión. “No somos conspiradores ni partidarios de ningún golpe. Los mensajes obtenidos en un grupo privado de amigos fueron distorsionados en su sentido y contexto”, afirmó Koury. EFE