Los últimos cambios decididos por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante situaciones de crisis desatadas en áreas de la seguridad ciudadana, la administración de tierras y la realidad de los pueblos indígenas, confirman que el modo de designar a sus colaboradores sigue dividido entre buscar personas idóneas en algunos casos y en pagar favores políticos a sus seguidores en otros casos, sin importar que no resulten los nombramientos más convenientes para el país.
En los últimos días, el jefe de Estado se vio obligado a aceptar las renuncias de los titulares de dos dependencias importantes de su Gobierno: el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) respondiendo a las fuertes movilizaciones y críticas contra quienes se mantenían al frente, y a cambiar al ministro del Interior. En lugar de aprovechar la oportunidad y nombrar a personas con capacidad, experiencia e idoneidad, que despierten el respaldo de la ciudadanía, el mandatario recurrió nuevamente a su ya característico estilo de brindar una de cal y otra de arena.
El conflicto en el Indert estalló ante denuncias de corrupción en la venta y titulación de tierras, que provocaron la salida de altos funcionarios. Se intentó salvar al presidente de la entidad, Horacio Torres, pero ante graves indicios que también lo comprometían en las irregularidades investigadas por la Fiscalía, se vio forzado a renunciar. Abdo Benítez designó en su reemplazo a Mario Vega, abogado y político colorado del Alto Paraná, vinculado más a los sectores sojeros que a los campesinos, con un sesgo de parcialidad a favor de uno de los sectores en un ámbito de alta conflictividad, que ya ha provocado la resistencia de los movimientos agrarios.
El conflicto en el Indi estalló con una masiva movilización de indígenas chaqueños que cerraron durante varias horas el Puente Remanso, forzando a la renuncia de la presidenta Ana María Allen, cuestionada por desconocer la compleja realidad de los pueblos indígenas. En su reemplazo, el presidente designó a Édgar Olmedo, un caudillo colorado de Caaguazú, ex intendente municipal de Coronel Oviedo, denunciado por el uso inapropiado de recursos públicos con fines electorales. Al igual que su antecesora Allen, tampoco es reconocido por haber trabajado con los indígenas y su nombramiento tiene el sello de apostar por un pago de favores políticos antes que por la idoneidad y la capacidad en un área socialmente muy sensible.
El único de los tres nombramientos que parece tener aprobación de un sector importante de la ciudadanía es el del nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo. Ex presidente del Partido Revolucionario Febrerista, figura histórica de la resistencia contra la dictadura, Acevedo es experto en temas de seguridad, con reconocida solvencia en manejos políticos. Fue ministro de Industria durante el gobierno de Luis González Macchi y embajador del Paraguay en España. Habrá que ver cómo se desempeña en un ámbito en el que se esperan medidas urgentes para frenar las oleadas de asaltos violentos y la creciente inseguridad.
En general, una vez más el Ejecutivo pierde la oportunidad de mostrar que los intereses del país están por encima de los de su sector partidario.
