Diversas organizaciones de la sociedad civil lanzaron un pronunciamiento conjunto, donde advierten sobre una ruptura en el pacto social con el proyecto de ley que pretende modificar la Ley N° 1863/2002 del Estatuto Agrario, debido a que cambia al sujeto de la reforma agraria, que es el campesinado, por cualquier persona, grupo u organización.
“Es decir, que se quiere pasar de una ley social a una que legaliza las tierras malhabidas o de despojo de comunidades indígenas y campesinas del Paraguay”, dice.
El proyecto establece la regularización de tierras adjudicadas ilegalmente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
