El comparativo de personas aprehendidas y detenidas, entre las que son remitidas a las penitenciarías y las que salen en libertad, se convierte en un tema preocupante para los encargados de implementar estrategias que tiene que ver con la seguridad ciudadana.
El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, explicó que la Policía Nacional no puede sostener el combate a la criminalidad con la misma cantidad de delincuentes todos los días.
“Detrás de todo el esfuerzo de haber detenido a delincuentes, apenas tenemos poco más de 130 aprehendidos y detenidos; es decir, si todo el esfuerzo que se hizo para aprehender y detener a delincuentes, terminó con solo 130 detenidos, entonces evidentemente estamos enfrentando una dificultad”, mencionó en una entrevista con ÚH.
Según los informes de la Comandancia, el 21,8% de las personas que son privadas de libertad por distintos hechos punibles son ingresadas al sistema penitenciario. Sin embargo, el 90,1% del volumen sale de las penitenciarías.
“Si bien es cierto que tenemos un mandato constitucional de reinserción, en un altísimo porcentaje, no estoy hablando del 100%, pero un altísimo porcentaje la reinserción no se cumple porque no hay instalaciones adecuadas para desarrollar esto, y esa tarea, aparte, la tiene que cumplir el Ministerio de Justicia a la brevedad, si quiere cumplir el rol”, destacó el ministro.
La Policía tiene un total de 16.982 personas aprendidas y detenidas desde enero a setiembre. Pero 3.705 fueron remitidas a las penitenciarías, y 3.339 salieron en libertad de las penitenciarías.
“Lo que la Policía no puede hacer es convivir con el mismo volumen de delincuentes en la calle todos los días, que terminamos de aprehenderlos y vuelven a estar en la vía pública”, refirió Villamayor, y agregó que es desalentador “hacer todo un esfuerzo, detener a un delincuente, para que al día siguiente te cruces en la calle y te salude”.
Otro de los puntos preocupantes es la reincidencia de los delincuentes detenidos por la Policía. En este sentido habló de una solución, de crear una herramienta que permita tener al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía, los datos del registro de personas detenidas y sus detalles.
“Tratar desde ahí (con datos compartidos) una norma que ajuste el comportamiento, no solo a la reiteración del delito, sino al nivel de peligrosidad, para evitar que esa gente esté en la calle”, destacó.
