La pandemia del Covid-19 ha llegado a impactar no solo en el ámbito de la salud y la economía, también ha favorecido a la corrupción y la impunidad. Hoy día tenemos varios casos que duermen en el proceso judicial bajo el amparo de la emergencia sanitaria.
“Nosotros tenemos un Ministerio Público que por Constitución ejerce el monopolio de la acción penal. En un país donde el 99% de los casos quedan impunes y donde el margen para que una persona sea sancionada y que esa sanción sea ejemplar es del 1%; eso agrava la situación en una cultura de corrupción”, consideró la diputada Kattya González, quien, junto con otros legisladores, presentó seis denuncias por corrupción durante la pandemia.
Los conocidos casos como de Messer-Cartes, el acta secreta de Itaipú; el del liberal Carlos Portillo, procesado por supuesto tráfico de influencias; el de la diputada colorada Marlene Ocampos y el de la empresaria Dalia López, al parecer, van camino al oparei.
Hoy se mira a la corrupción pública de la misma manera que un robo bagatelario, como un delito común, afirma la diputada del Encuentro Nacional, e insiste en que ya en la Ley Orgánica del Ministerio Público se establece la obligación de tener política y un protocolo de actuaciones. “Mientras eso no se dé y la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción continúa siendo marginada, va a continuar esto, no vemos solución”, expresó.
CAMINO A LA IMPUNIDAD. El caso en el cual está involucrado el ex presidente Horacio Cartes, por estar vinculado al cambista Darío Messer, hoy duerme en el Ministerio Público.
El 3 de diciembre de 2019, los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Osmar Legal iniciaron investigaciones, ya que se sospecha que Cartes ayudó a Darío Messer mientras este estaba prófugo. Sin embargo, no fue convocado a declarar ante el Ministerio Público. La investigación incluye a otros paraguayos.
Por otra parte está la causa de Dalia López, que está parada. El juez Gustavo Amarilla hace un mes reiteró la orden de captura contra la empresaria, quien hace un año prometió presentarse ante la Justicia, pero puso por excusa la emergencia sanitaria. Los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza y Federico Delfino pidieron que su búsqueda sea ejecutada. Se sospecha que López integró un esquema de falsificación de documentos, con los cuales llegaron al Paraguay el ex jugador Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y su hermano Roberto.
También, miembros de la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional, ya presentaron varias notas a la fiscala general Sandra Quiñónez, en las que expresan que no hay imputados en el caso del acta secreta de Itaipú, donde se fijó comprar energía de Itaipú para la ANDE, la cual fue firmada en secreto con el Brasil.
Los otros casos que van camino a la impunidad son el del diputado Carlos Portillo, investigado por lesión de confianza, ya que con varias chicanas trabó el caso; y el de la diputada Marlene Ocampos, quien fue citada en agosto del 2020 para declarar; sin embargo, nunca fue procesada por la fiscala Liliana Alcaraz, por lesión de confianza.
“Vamos a seguir teniendo casos que nos cuesten la vida”
La pandemia al parecer ayudó con nuevos casos de corrupción, como las compras chinas, las mascarillas de oro, que estaban además vencidas y camas que no cumplían con especificaciones. Estos incluyen la complicidad de instituciones estatales que hoy están bajo la lupa de la Justicia.
“El organismo internacional y los pactos que suscribimos con la OEA y la ONU dicen que la corrupción es una plaga insidiosa, que socava los cimientos de la democracia y vulnera los derechos fundamentales. Entonces, tenemos que verla así. Tenemos corrupción en los 256 municipios, o sea que necesitamos 256 personas que 24 horas estén filmando e insistiendo, y no funciona así, tenemos que cambiar”, explicó la diputada González.
Alertó que si esperamos que esta Justicia funcione, no lo va a hacer. “Si nosotros no asumimos de que estos sean una política de Estado, vamos a seguir haciendo esfuerzos individuales contra la corrupción, vamos a seguir teniendo que un caso nos cueste la vida. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento, tenemos que irnos, tenemos que filmar, gritar, y no puede funcionar así un Estado”, insistió.
Explicó que los casos avizoran quedar impunes o con sanciones muy irrisorias; es decir, que estos casos no van a tener una sanción ejemplificadora. “Si ven que alguien que trajo cama y crea empresas de maletín, cuál es el mensaje que dejamos si es exigua la sanción, que otros también pueden hacer lo mismo”, lamentó.
Tenemos corrupción en los 256 municipios, o sea que necesitamos 256 personas que 24 horas estén filmando e insistiendo, y no funciona así, tenemos que cambiar. Kattya González, diputada.