Para la realización del informe, la organización habló con 100 mujeres recluidas en prisiones federales, quienes en su totalidad dijeron haber sufrido acoso sexual o maltrato psicológico durante su detención o en las horas posteriores.
Además, 72 de ellas afirmaron haber padecido abusos sexuales, y 33 de ellas haber sido violadas.
Con cifras así, “no podemos sostener la hipótesis de unas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad de México”, señaló en entrevista con Efe Madeleine Penman, autora del informe.
El pasado abril se difundió en las redes sociales un vídeo en el que se ve cómo miembros de las fuerzas federales torturan a una mujer, encañonándola y poniéndole una bolsa en la cabeza.
La difusión del vídeo llevó al secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, a pedir disculpas públicas en las que aseguró que la conducta de los militares ha de ser “intachable”.
Sin embargo, los datos que proporciona Amnistía hacen ver que lo que este caso pone en evidencia está lejos de ser una conducta excepcional.
En el caso de la Marina, de los 10 casos descritos ocho incluyeron la violación, según las denuncias de las mujeres. Respecto a otras fuerzas de seguridad, los porcentajes rondan el 50 %, señaló Penman.
Pero “cuando hablamos con las Fuerzas Armadas, el Ejército no nos pudo mencionar un solo soldado suspendido por abuso sexual o violación en estos años”, abundó.
Los nombres de elementos llevados ante la justicia, enfatizó la investigadora, “son casi inexistentes”. Y desde 1991, sólo 15 casos de denuncia de tortura han terminado en sentencias condenatorias a nivel federal.
Otra de las conclusiones del reporte es que la estrategia de seguridad está basada en muchas ocasiones en “arrestos arbitrarios que suelen tener como blanco a las mujeres más marginales” y sin recursos, quienes muchas veces acaban sufriendo abusos y siendo prácticamente obligadas a firmar “confesiones” de los delitos.
Así sucedió con Yecenia Armenta, quien fue puesta recientemente en libertad tras pasar cuatro años en la cárcel. Cuando fue detenida en el estado de Sinaloa en 2012 sufrió golpes y violaciones durante horas hasta que “reconoció” haber asesinado a su esposo.
Ahora que salió de prisión por orden de un juez, “el homicida real está en la calle”, refirió Penman.
El reporte de AI recoge otros casos similares en los que los actos de tortura terminaron con confesiones forzadas. Además, otros desembocaron en riesgos para la salud de las mujeres, ya que algunas acabaron siendo hospitalizadas o sufriendo abortos espontáneos.
Por todo ello, la ley general contra la tortura, que aún tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados tras pasar por el Senado, únicamente será efectiva si se consagra “el principio de exclusión de las pruebas ilegales en los juicios”, de tal forma que queden descartadas todas aquellas que se hayan conseguido bajo tortura, sostuvo la investigadora.
Amnistía no duda en calificar la situación que se vive en México como una “epidemia de tortura”.
Sólo ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) se interpusieron durante 2014 unas 2.403 denuncias por este delito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, ha recibido unas 7.000 quejas por el mismo asunto desde 2010.
Si bien desde hace nueve meses el Gobierno estableció un mecanismo sobre tortura sexual, este permanece “adormecido” y las autoridades responsables no se han vuelto a reunir para avanzar en la materia y castigar a los culpables, denunció la autora del informe.
Los cursos de capacitación y sensibilización para los policías y soldados, que se cuentan por miles, han resultado ser insuficientes. Lo único que llevaría a un cambio, consideró, sería llevar a los responsables ante la justicia y hacer que sus actos tuvieran consecuencias.
“Ese será el día en el que, literalmente, en muy poco tiempo todo va a cambiar”, puntualizó.
Isabel Reviejo
