Fausto Portillo, abogado del gobernador de Central, Hugo Javier González, indicó que de existir alguna inconsistencia en la rendición de cuentas, se devolverá el dinero de los fondos Covid; es decir, USD 1 millón.
El Gobierno departamental, a cargo de Hugo Javier, recibió G. 6.382 millones (USD 1 millón) para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones (USD 800.000) fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución. Se trata de obras viales y de mejoramiento de espacios públicos. En tanto, unos G. 1.276.400.000 fueron destinados al Consejo de Salud, que preside el mismo gobernador, donde también hay algunas irregularidades, que aún no son objeto de investigación.
El abogado de Hugo Javier dice que este se pone a disposición del Ministerio Público y ordenó realizar una auditoría especial, desde que salieron a luz las denuncias.
El gobernador responsabilizó por las facturas a la Fundación CIAP señalando que el ente a su cargo no tiene la capacidad de verificar si los documentos son legales o no.
La Fundación CIAP presentó una rendición paralela a la que presentó la Gobernación el 31 de mayo con los documentos de CIAP. Su titular, Tadeo Álvarez, niega que haya presentado las facturas cuestionadas como falsificadas y pertenecientes a empresas “fantasmas”. En junio acercó otras facturas y se desconoce a qué obras pertenecen.
No obstante, hay cuatro documentos de rendición de cuentas rectificadas con las firmas del presidente de la fundación, Tadeo Álvarez; el tesorero, Paulino Palacios, y el contador, Eligio Lugo.
En las rendiciones figuran las empresas cuyas facturas intentaron ser reemplazadas por otras más nuevas ante las autoridades competentes. Entre las facturas se puede citar la de VR Ingeniería SA, Mais SRL, Antonio Arpea, Emilia Ovelar, Augusto Barrail, Luz Diana Garcete, Lorena Laterra, Orlando Peralta, AR Electricidad, entre otros.
Los documentos hacen referencia al periodo de noviembre 2020 y febrero 2021 y son de G. 767.532.727, G. 512.775.453, G. 2.297.520.000 y G. 1.692.227. Es decir, los mismos montos rendidos nuevamente por CIAP ante la Contraloría, la SET y la Auditoría General, pero con algunos desajustes, tal como menciona la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Además, cabe señalar que CIAP reemplazó las facturas por otras con fecha de junio con los membretes de Constructora Grau, del ingeniero Óscar Morel Gaete, y del ingeniero Óscar Morel Oses.
“Sostenemos con firmeza que ninguna de las facturas que fueron halladas en la rendición de cuentas y que hoy están siendo cuestionadas fue presentada por nuestra fundación”, indicó Álvarez, pero todas las rendiciones cuentan con su firma y las de sus colaboradores. Entre las mismas se encuentran las facturas denunciadas por las empresas perjudicadas.
Entre las obras supuestamente financiadas con estos fondos se encuentran una ciclovía, la reparación y construcción de calles, muros, aulas, entre otros.
La Fiscalía hasta el momento no realizó ningún allanamiento, u otra diligencia.
5.105 millones transfirió la Gobernación del Departamento Central a la fundación CIAP para la ejecución de obras.
