Ñoño Núñez presentó dos acciones de inconstitucionalidad. Una contra las resoluciones que elevaron a juicio oral y público la causa en la cual fue condenado y, otra, contra los trámites procesales.
“Lo que está pasando es que todavía hasta esta fecha se encuentra pendiente el recurso de apelación que interpusieron las personas que fueron condenadas, entre ellos Óscar Venancio Núñez, hermano del presidente del Senado”, sostuvo Roa. Indicó que ese recurso está prácticamente paralizado desde abril de este año “por el mero hecho de que la Sala Penal hasta la fecha no resolvió la contienda de competencia, que significa resolver quién va a resolver los recursos de apelación interpuesto por los condenados, debe definir si va a ser el Tribunal de alzada de Villa Hayes o la de Delitos Económicos y Anticorrupción, si se queda con el Tribunal de Villa Hayes yo dudo mucho que salga algo conforme a derecho porque el Clan Núñez en ese lugar maneja la justicia”, sostuvo.
Mencionó que la Sala Constitucional, que últimamente sale con fallos llamativos, puede anular el juicio de Óscar Venancio Núñez, lo que sería lamentable. “Si eso pasa hay que cerrar ese prostíbulo que es el Poder Judicial”, indicó.
“La Sala Constitucional, en algunos casos y que guardan relación con expedientes vinculados con la corrupción anularon las resoluciones del tribunal de alzada que declararon inadmisibles el Auto que eleva a juicio oral una causa, por ahí viene la estrategia supongo”, advirtió. En diciembre pasado, los ex gobernadores de Presidente Hayes, Óscar Ñoño Núñez y Emigdio Benítez, fueron hallados culpables del desvío de fondos que causó un perjuicio al Estado paraguayo de G. 52.500 millones.
Núñez se declaró inocente, y pidió perdón “por no haber cumplido la misión” como gobernador de Presidente Hayes. Sin embargo, durante el juicio quedó comprobado el esquema que fue montado para desviar fondos que debían ser utilizados por la Gobernación.
El ex gobernador es conocido como el rey de los recursos, ya que la causa tardó ocho años para llegar a juicio debido a las constantes chicanas que continuaron durante el juicio, que se retrasó nuevamente 11 meses. El perjuicio al Estado que habría cometido el hermano del senador cartista suma G. 42.500 millones, según el Tribunal. El Ministerio Público pidió 15 años de cárcel. Se estima que solo en el 2014 Núñez causó un perjuicio patrimonial de G. 30.000 millones, mediante la expedición de 900 cheques que pertenecían a la Gobernación con cargo del Banco Nacional de Fomento (BNF), cobrados por particulares.
