La denunciante dijo que los Silva, puesto que el diputado Carlos Silva también habría tenido conocimiento del asunto, tenían a dos menores de 17 y 13 años -hijos de la denunciante- bajo un régimen de “esclavitud laboral”, puesto que hacían trabajo forzado en el campo sin paga alguna, ni seguro médico. Relató que tampoco ella recibía paga por los quehaceres domésticos que realizaba en el establecimiento.
La denuncia hecha el pasado 22 de enero dice textualmente que “el 27 de diciembre, junto a mis tres hijos menores, fuimos víctimas de un hecho punible de detención ilegal y amenaza de muerte del Sr. Carlos Silva”.
Sánchez Alarcón relató que Silva había ordenado que la maten junto a sus hijos si “pensábamos movernos o escaparnos”. Las órdenes fueron para el sub oficial policial, Juan Carlos González, quien además se desempeñaría como custodio del diputado, Carlos Silva (h).
