AP
La Paz
El Ejecutivo y el gobernador del departamento de Tarija se responsabilizaron mutuamente de la violencia generada por disputa de propiedad de un campo de hidrocarburos entre dos provincias de la región.
El gobernador de Tarija, Mario Cossío, dijo ayer a Radio Panamericana que la violencia desatada por la disputa, que dejó un muerto y más de 30 heridos, fue resultado de la negativa del Gobierno de intervenir en el conflicto.
Agregó que el Gobierno habría actuado con ''cálculo político’’ para que, al no resolver el problema, el gobernador quedara ''mal parado’’ en su región, ''por el sólo pecado de no ser del partido del presidente Evo Morales’’.
El viceministro de Coordinación, Sacha Llorenti, insistió tras escuchar las declaraciones, que fue el gobernador quien ''no atendió oportunamente el diferendo’’ para afectar al gobierno. Señaló que dejó su trámite al secretario general de la prefectura. Cossío dice que lo hizo por estar vinculado a una de las partes, y que eso es legal.
Las provincias tarijeñas de Gran Chaco y O’Connor se disputan desde hace tres años la posesión del rico campo de hidrocarburos Margarita, que es operado por la hispano-argentina Repsol YPF. Gran Chaco recusó en febrero a Cossío como juez, y al no hallar respuesta inició las protestas la semana pasada.
El gobernador indicó que entre el martes y miércoles, cuando se registraron enfrentamientos entre el Ejército y la Policía con pobladores del sur que intentaban tomar dos estaciones de bombeo del gasoducto a Argentina, los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, estuvieron en la zona dirigiendo la represión.
''Sembraron de sangre al Chaco y después se fugaron’’, dijo Cossío al indicar que el Gobierno admitió la recusación ‘’70 días después, un muerto y mas de 30 heridos, y un millón de dólares en pérdidas’’.
Gran Chaco también exige la atención del gobierno en otras áreas, pues los beneficios que llegan a la región por la explotación del gas no son suficientes para salir de la pobreza. Sostiene que el presidente Evo Morales sólo se acordó de la zona hace un año, cuando llegó con cámaras para lanzar su decreto de nacionalización.
''Parece que se necesita el derramamiento de sangre para que nos preste atención’’, dijo a la prensa Delio Aguilera, uno de los dirigentes cívicos de la región.
Voto de emigrantes
El oficialismo y la oposición en Bolivia han expresado discrepancias en el proyecto para reglamentar el voto de los emigrantes en el exterior, un sistema que el gobierno socialista de Evo Morales pretende aplicar por primera vez en Argentina. Los detractores del proyecto señalan que la intención de aplicar el mecanismo primero solo en Argentina tiene un indudable “cálculo político” por la elevada cantidad de bolivianos en ese país, que puede beneficiar al partido de Morales.