18 abr. 2024

Acuerdo Escazú puede ayudar a tener mejor clima de negocios

En las últimas semanas, la ciudadanía mantuvo un activo debate en las redes sobre el llamado Acuerdo Escazú, suscrito por el Gobierno paraguayo en 2018 y que está pendiente de ratificación por el Parlamento. El problema surgió a partir de la negativa de algunos gremios económicos que rechazan la ratificación argumentando pérdida de soberanía, lo que fue refutado por expertos económicos y ambientales. La actual gestión gubernamental y el Parlamento tienen la obligación moral y jurídica de defender los intereses nacionales y de la ciudadanía paraguaya, que en este caso particular se constituyen en derechos ambientales y en un mecanismo para la democracia ambiental, superando las presiones que representan los intereses particulares.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la Justicia en asuntos ambientales.

La ratificación del Acuerdo inserta a Paraguay en un escenario en el que se valora el cumplimiento de compromisos internos y a nivel internacional para garantizar la vigencia de los derechos ambientales y se inaugura la llamada democracia ambiental.

Este acuerdo tiene la potencialidad de contribuir a un mejor clima de negocios, a mejorar la imagen del país y a entrar a mercados más exigentes en términos de sostenibilidad ambiental, con lo cual conseguiremos mejores precios internacionales.

Varios expertos nacionales desde diferentes enfoques han proporcionado razones irrebatibles a favor de la ratificación del Acuerdo.

La primera es que Paraguay se encuentra haciendo bien la tarea de sumarse a los instrumentos internacionales que permiten insertarse en la institucionalidad internacional desde mediados del siglo pasado.

Ejemplos de estos son la adhesión al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI) y al Marco Inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ambas acciones buscan mejorar la arquitectura nacional en el manejo de recursos económicos al interior del país y contribuir a la gobernanza global.

Dos de los instrumentos más importantes para el logro de estos objetivos son la transparencia y la seguridad jurídica, objetivos en los que se enmarca el Acuerdo Escazú. Desde esta perspectiva, si el país se sumó a las iniciativas anteriores, con los mismos argumentos se justifica la ratificación del referido acuerdo.

La segunda razón es la relativa a la competitividad económica. Esta ratificación permitirá a Paraguay acceder a mercados con mejores precios internacionales, ya que en estas cotizaciones se incorporan criterios de sostenibilidad ambiental.

De otra manera continuaremos ofreciendo nuestros productos a mercados que nos reditúan menos.

El país, a través de la Cancillería, está haciendo el esfuerzo por abrir mejores mercados, para lo cual destina recursos públicos con la apertura de embajadas y participación en eventos internacionales. Es un despropósito financiar con recursos de los contribuyentes estas acciones y que finalmente solo podamos acceder a mercados de baja rentabilidad para el país.

Si queremos dejar de estar en las noticias internacionales como un país de baja seguridad jurídica, con instituciones fácilmente corruptibles, necesitamos sumarnos a la institucionalidad internacional.

El Acuerdo Escazú nos da la oportunidad de continuar haciendo bien la tarea. No desaprovechemos esta oportunidad.

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