Frente a la irresponsabilidad del Congreso en materia presupuestaria, los organismos dependientes del Poder Ejecutivo se verán prácticamente obligados a recortar sus gastos de manera a lograr equilibrar el presupuesto.
A partir de ese punto, lo que se espera es que la racionalidad y el compromiso con las necesidades de la ciudadanía primen en cada una de las autoridades que deberán decidir acerca de los rubros que serán sacrificados.
Si bien el Ministerio de Hacienda señaló que serán afectados rubros como subsidio familiar, bocaditos y pasajes, en los años anteriores esto no fue así.
Muy por el contrario, al final los encargados de hacer los recortes terminan afectando rubros que son fundamentales para una provisión eficiente y eficaz de servicios públicos.
La ciudadanía no se merece una doble irresponsabilidad; primero, la de la aprobación de un presupuesto desfinanciado, y segundo, la de los recortes a rubros fundamentales para el bienestar debido a la necesidad de disminuir más de 120 millones de dólares.
La mayoría de las instituciones cuentan con recursos excedentes que debieran ser racionalizados y ajustados de acuerdo con criterios técnicos alineados a los objetivos, actividades y resultados que deben generar. El Ministerio de Hacienda debe dar claras indicaciones al respecto o inclusive tomar la decisión de recortar unilateralmente estos recursos. De hecho, al elaborarse el Presupuesto ya se hubiera realizado esta acción.
Muchos rubros están siempre en el centro de los cuestionamientos. Los viáticos para viajes innecesarios o sin resultados, las bonificaciones otorgadas sin criterios meritocráticos y a funcionarios que no contribuyen a mejorar la gestión de las políticas, los cupos de combustibles muchas veces vinculados a actividades político-partidarias y no a la implementación de los planes y programas, los viajes a eventos que nada ayudan a aumentar el capital humano y las competencias de los funcionarios públicos y las consultorías cuyos informes se encajonan son algunos de ellos.
El Plan Financiero es un instrumento que históricamente ha sido utilizado por el Ministerio de Hacienda debido a la aprobación de gastos sin el financiamiento suficiente por parte del Poder Legislativo. En los últimos años, la situación ha empeorado, ya que solo puede ser aplicado al Poder Ejecutivo, no así a los poderes Legislativo y Judicial, que cuentan con la potestad de ejecutar la totalidad de su presupuesto.
Es urgente que nuestras autoridades tomen conciencia sobre las repercusiones negativas de sus actos, tanto los parlamentarios a la hora de aprobar un presupuesto desfinanciado como las del Poder Ejecutivo al decidir los recortes que deberán realizar.