La grave crisis política que el miércoles parecía encaminarse de manera segura hacia un inevitable juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez, por sus responsabilidades en el polémico acuerdo de compra de energía de Itaipú que se firmó en forma secreta con el Brasil, que contenía puntos negativos para los intereses del Paraguay, tuvo un giro sorprendente en la mañana de ayer, cuando los legisladores del movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, retiraron los votos que habían comprometido públicamente la noche anterior y consiguieron salvar al Gobierno de su inminente caída.
Las intensas negociaciones que se llevaron a cabo hasta altas horas de la madrugada impidieron que el país tenga que enfrentarse de nuevo a otro traumático proceso de impeachment, como el que en junio de 2012 causó la destitución del presidente Fernando Lugo y trajo muchas consecuencias negativas, entre ellas que el Paraguay haya sido excluido de importantes espacios de la comunidad internacional. En el actual caso, sin haber agotado previamente los canales institucionales para resolver la crisis, los principales líderes de partidos políticos de oposición y de la disidencia colorada se habían embarcado de manera muy apurada y poco responsable en otra aventura para intentar echar a un gobierno legítimamente electo, a menos de un año de mandato, sin tener en cuenta los graves daños que causarían a la estabilidad democrática.
Como este diario viene sosteniendo, la gestión gubernamental en la negociación de la compra de energía se ha manejado de manera nociva para los intereses nacionales, se ha hecho en total secreto y de espaldas a la ciudadanía, y ha involucrado actitudes de autoridades y altos funcionarios que podrían caracterizarse como presuntos delitos de lesión de confianza.
Particularmente graves son los indicios de que el vicepresidente Hugo Velázquez habría operado a través de un joven abogado para suprimir un apartado clave del acuerdo, que acabaría favoreciendo a negocios con una empresa brasileña. Todos estos elementos, sin embargo, no deberían llegar a la situación extrema de un juicio político antes de que sean debidamente investigados y confirmados por el Ministerio Público y la Justicia, como de otras instancias auxiliares, entre ellas la Comisión Bicameral de Investigación que ha sido especialmente creada tras las denuncias.
Un paso importante fue la decisión de los gobiernos de Brasil y Paraguay de anular el acta de la discordia y negociar nuevas condiciones. Aunque la aceptación del presidente brasileño Jair Bolsonaro fue para salvar a su colega paraguayo del juicio político, abre un nuevo escenario para defender los derechos de nuestro país en la gestión de Itaipú.
La historia de esta crisis no ha sido cerrada. El presidente Abdo Benítez y sus colaboradores deben aprender la lección, corregir sus graves deficiencias, impulsar una investigación a fondo y seguir echando a quienes resulten responsables. El vicepresidente Velázquez debe afrontar las acusaciones y en caso que resulte culpable, renunciar o ser destituido. La ciudadanía, que ha demostrado un gran celo por el patrimonio energético, no salió satisfecha con sus explicaciones y exige su renuncia.
