EFE
Almada solicitó al Sumo Pontífice la divulgación de los archivos del Vaticano referidos a Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay en las décadas de los 70 y 80, cuando las dictaduras crearon la Operación Condor, dedicada a perseguir a disidentes políticos por todo el continente.
Almada pidió el acceso público a las comunicaciones enviadas a las autoridades vaticanas “sobre la trágica situación de nuestros países por aquellos años de terrorismo de Estado, así como del centenar de ciudadanos/as paraguayos/as detenidos desaparecidos en la Argentina”.
En la carta enviada a la prensa, asevera que la Iglesia paraguaya siguió las directrices de compromiso social del Concilio Vaticano II durante la dictadura de Stroessner y “la consecuencia fue la detención, tortura y exilio”.
El 3 de febrero se cumplieron 26 años desde la caída de Stroessner, que gobernó Paraguay desde 1954.
La Comisión de Verdad y Justicia (CJV) comprobó la existencia de 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de torturas.
La Justicia de Paraguay solo ha condenado a un pequeño grupo de policías, en procesos realizados poco después del fin del régimen.
“Llevamos a su conocimiento que debido a la manifiesta falta de voluntad política de nuestro Gobierno, un grupo de víctimas representantes de diversos sectores de la sociedad paraguaya afectada en la época, hemos iniciado el 6 de agosto 2013, una querella penal contra los responsables de crímenes de lesa humanidad”, escribió Almada al Papa.
El Sumo Pontífice llegará a Asunción el 10 de julio tras visitar Ecuador y Bolivia. Francisco, el segundo papa en viajar a Paraguay, lo hace en circunstancias muy diferentes a las que encontró Juan Pablo II, quien visitó el país suramericano cuando estaba bajo la dictadura de Stroessner, con quien mantuvo un velado pulso con el respeto a los derechos humanos de fondo.
El proceso judicial de las víctimas se lleva a cabo en Argentina donde, basados en el principio de la Jurisdicción Universal para los crímenes de esta naturaleza, las víctimas del régimen de Stroessner han denunciado al Estado paraguayo.
Almada fue detenido por “terrorista” por un estudio que escribió sobre educación y su mujer murió de un ataque al corazón tras escuchar por teléfono cómo lo torturaban y recibir su ropa ensangrentada.
Actualmente dirige la fundación Celestina Pérez de Almada, bautizada en honor a su esposa fallecida y dedicada a recordar lo acontecido.
En 1992, Almada descubrió los llamados Archivos del Terror, documentos oficiales que revelan los abusos del régimen de Stroessner y de otros Gobiernos dictatoriales de la época en el Cono Sur.
