Como si no bastara el tener que lidiar con las deudas de uno y el consecuente acoso telefónico en caso de caer en mora en el pago. Como si no fuera suficiente y fastidioso que un impertinente batallón de llamadores te amedrenten día y noche, hasta terminar por emplazarte, impacientes: "¿Para cuándo le anoto, entonces?, resulta que ahora hay que padecer un acoso ampliado, alimentado y facilitado por el tráfico de datos personales que existe en el mercado negro, y que consiste en que llaman también a fastidiar a tus familiares. Es decir, involucran a terceros con un asunto personal.
El reclamo es a nombre de financieras, bancos o casas comerciales y la llamada las realizan agencias de recobro para encargar a tus parientes y/o vecinos, en caso de que les resulte más fácil de ubicarlos, para te que te avisen que te están buscando para que te pongas al día con la cuota.
Es más, en ocasiones hasta les dicen cuántas cuotas estás debiendo, lo que es una información privada y, encima, mienten si les reclaman por tanto atrevimiento, y les responden que de hecho aparecen como referencia, cuando en realidad no es así.
Solo basta que el familiar bullyingeado chequee la información para constatar que no fue puesto como referencia personal ni como codeudor. De hecho, si así fuera, desde la propia firma que otorgó el crédito o vendió un artículo a crédito le habrían realizado una llamada de verificación. Por lo que se da por descontado que si uno es codeudor o referencia de alguien fue previamente informado al respecto.
Por tanto, el coro de teleacosadores, tarea por demás desagradable, tienen en sus manos las coordenadas personales de todos los miembros de tu familia y tuya, y se consideran además con licencia para manejar esta información de carácter privado, y molestar a toda tu parentela por un contrato personal en el que los demás no tienen vela en el entierro.
Imagínense que llamen a una anciana madre, con problemas cardiacos, para decirle que su hijo Fulano está atrasado en el pago de dos cuotas de un préstamo y conminarle a transmitir el mensaje de que este debe pasar a honrar su deuda lo antes posible si no quiere afrontar un juicio. Si, como consecuencia, le sucede algo, ¿quién se hará responsable de la situación?
Es un caso extremo, cierto, pero el tema es que nadie tiene por qué someterse a tal manoseo. Están vulnerando varios derechos. Entre ellos, el derecho a la intimidad: los parientes no tienen por qué enterarse de los detalles de las deudas que uno haya contraído. Tampoco los vecinos o compañeros de trabajo.
Esto sencillamente es acoso y se le debe poner freno.
Se trata de una injerencia arbitraria y abusiva en la vida privada de las personas. Un ataque ilegal e impune hasta ahora, del que los legisladores del próximo periodo parlamentario tendrían que tomar nota y trabajar, primero, por crear una agencia de protección de datos personales; segundo, por proteger de esas prácticas perversas a las personas.
Situaciones como estas tienen que incentivar la creación y fortalecimiento de oficinas de defensa del consumidor en todos los municipios y de grupos de la sociedad civil organizados para afrontar estos bombardeos extorsivos, mediante medidas legales.
