En Ciudad del Este los peatones son obligados a caminar por la calle, con todo el peligro que ello implica, debido a que las veredas son usurpadas por frentistas que lo ven como una extensión de su local comercial. La escena se repite en casi todos los barrios de la capital departamental sin que exista una intervención firme por parte de la Municipalidad.
En el microcentro la usurpación de espacio público se ha institucionalizado hace décadas con el aval de los políticos de turno, por lo que nunca se han generado propuestas y proyectos para resolver de fondo el problema.
Pero en los barrios el problema es relativamente nuevo, además no está ocupada en su totalidad como ocurre en el microcentro, por lo que es posible resolverlo con una acción más firme por parte de la Comuna local, refiere el profesor Gregorio Goyo Cataldi Viedma, vecino del barrio San José. “Dejemos el microcentro de lado, porque allí el problema es mucho más complejo, pero en los barrios veo que sí es posible con una acción más firme de la institución municipal; es cierto, no es una acción populista, pero todos tenemos el derecho de caminar por una vereda, la calle está hecha para los vehículos”.
Comentó que en su barrio hay sectores donde la comunidad tiene que caminar por la avenida. A la vuelta tenemos un taller de moto, que utiliza la vereda como parte del salón que alquilan. En otros casos se utiliza para exhibir vehículos para la venta, otros para ofertar otro tipo de productos. “Acá a la vuelta de mi casa, un bus suele estacionarse en la vereda, obligando a la gente a caminar por la avenida, una que es muy concurrida, es una paralela a la avenida San José”, añade.
En todos los barrios de Ciudad del Este, la escena se repite. Varios ejemplos se pueden observar en el barrio Pablo Rojas. Mesas de copetines, autos de los talleres y neumáticos de los comercios ocupan gran parte de la vereda.
A pesar de que la gente diga que la vereda le pertenece, según la Ordenanza Municipal 09/97, la Junta Municipal es clara al mencionar que es pública, es decir, es de todos y establece sanción para los que la ocupan.
INTENTO. Durante los primeros meses de la administración de Miguel Prieto Vallejos, en el año 2019, la División de Fiscalización, por entonces a cargo del desvinculado Javier Miranda, inició una campaña de recuperación de veredas ocupadas.
La campaña empezó demoliendo una construcción ubicada a un costado de la casa del senador y ex intendente municipal Javier Zacarías Irún que lo utilizaba para el resguardo del personal que realizaba el servicio de seguridad.
Posteriormente notificaron a la concejala Lilian González de Aguinagalde, quien también tenía una caseta para personal de seguridad en la vereda. Antes de cumplirse el plazo de notificación, la propia concejala demolió la estructura de material. Ese mismo año, 2019, también fue notificado un supermercado que tenía igualmente una caseta de grandes dimensiones en la vereda, que fue demolida por la propia empresa. Otro caso similar se dio con un restaurante en el Área 1, que utilizaba la vereda para colocar mesitas, que se despejaron.
También fue intervenido al costado de la Escuela 670, del barrio Obrero, cuya vereda estaba ocupada por unos 100 comerciantes. Estos fueron desalojados y reubicados dentro del Mercado Municipal; otros alquilaron salones comerciales por los alrededores.
Siempre bajo la gestión de Javier Miranda, también se realizaron intervención en el microcentro donde se encontró que unas diez casillas fueron construidas sin autorización municipal, pero resultaron ser todos partidarios del concejal Celso Miranda, quien desde entonces inició una campaña para destituir a Javier Miranda. A la campaña se sumaron otros concejales, que lograron sacarlo del cargo y llevarlo hasta el Mercado Zonal del kilómetro 7. Este año fue desvinculado de la institución municipal. Miranda no tuvo apoyo y no pudo seguir su campaña de recuperación de veredas y hoy prácticamente no existe control municipal.
