Con esto, la norma fue enviada al archivo.
La objeción al proyecto tuvo apoyo de gran parte de las bancadas, excepto de cartistas y algunos liberales.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González recordó los casos de corrupción en los departamentos de Central y del Guairá, este último, en plena intervención. “Es una ley que abre la canilla para robarle al pueblo”, sostuvo.
Para el diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, la transferencia de estos recursos es necesaria por el principio de descentralización.
El liberal Eusebio Alvarenga denunció por su parte que el interventor del Guairá, Pablo Vera, trabaja en la oscuridad y que no dio participación a nadie desde que se instaló. Incluso se niega a dar informes a la Junta Departamental. “Porque hay operativo relleno de bolsillo vacío, asalto a mansalva de la Gobernación”, señaló. Sin embargo, aclaró que igualmente está a favor de la transferencia y votó por el rechazo al veto del Ejecutivo considerando que por un caso no se puede privar a todos de los recursos necesarios.
El diputado oficialista Hugo Ramírez defendió el veto del Ejecutivo.
“Nos ponen en una situación delicada, por un lado, tenemos la Gobernación de Guairá y la Gobernación de Central, que aprovechando que estábamos todos encerrados hicieron uso indebido de los fondos de emergencia Covid, y por el otro lado tenemos una política que busca descentralizar el presupuesto para que tenga un impacto más local, y creo que son muchas las organizaciones y las gobernaciones que tienen hoy un alto impacto social. Sigamos fortaleciendo los órganos de control como la Contraloría”, apuntó el diputado.
La ley. El proyecto autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar una reprogramación presupuestaria, para mover recursos de un rubro a otro, para apoyar a los sectores sociales en sus diferentes necesidades, mediante un trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.
“Se estaría disminuyendo un Objeto del Gastos de capital (521), para incrementar gastos corrientes (842 y 874)”, expresa parte de la fundamentación del Poder Ejecutivo para vetar la normativa.