La Cámara de Diputados aceptó ayer el veto del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria del Ministerio Público para el 2022, que ahora deberá ser estudiado por el Senado.
El monto que en principio había sancionado el Congreso era de más de G. 64.707 millones, dirigido, entre otras cosas, a la creación de 577 nuevos cargos dentro de la Fiscalía. Esencialmente, 40 unidades fiscales, con financiamiento del Tesoro, que tenía el objetivo del combate a la corrupción y al crimen organizado, según el argumento, que fue impulsado luego del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
El liberal Eusebio Alvarenga argumentó a favor del veto indicando que la Fiscalía “dejó de funcionar como institución republicana”, y que la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez merecía ser destituida por juicio político.
“Sandra Quiñónez es enemiga del pueblo, de la decencia, de la investigación objetiva. Otorga impunidades para algunos sectores y persecución para otros”, reclamó.
Por su parte, el cartista Raúl Latorre, pidió rechazar el veto, apuntando que la ampliación podría redundar en mejores herramientas para el combate al crimen. “No podemos hablar de compromiso de lucha contra el crimen organizado y la corrupción si no brindamos herramientas a las instituciones”, expresó.
Desde el Poder Ejecutivo justificaron el rechazo detallando que el impacto presupuestario en lo que resta del presente ejercicio fiscal asciende a la suma de G. 16.000 millones, mientras que el impacto de todo un año sería de G. 49.000 millones, que son recursos con los que el Tesoro ya no cuenta.
El monto del proyecto original era de G. 116.945.578.811, pero el Congreso finalmente sancionó una ampliación de G. 64.707.532.946.
Para 2023. Quiñónez pidió también un aumento para el próximo año.
Al pedir la ampliación, Quiñónez sostuvo que era necesaria porque los recursos del Ministerio Público son insuficientes para la lucha contra los distintos crímenes y argumentó que ven un aumento en la cantidad de organizaciones criminales transnacionales operando en el país.
La Fiscalía pidió una ampliación de G. 205.376 millones (USD 29 millones) por sobre la versión enviada por el Ejecutivo.
Esto representa un crecimiento del 32%.
De ese total, G. 149.795 millones (USD 21,1 millones) serán destinados a inflar el gasto salarial.
Pese a las numerosas críticas a la gestión de esta institución, Sandra Quiñónez pidió ese dinero para dar un aumento salarial del 15% a todos los funcionarios que ganan menos de G. 10 millones, la duplicación de las bonificaciones a fiscales y la creación de 539 cargos.
Esto último, según dijo, es porque “los pocos que estamos hacemos maravillas”.
La Cifra
64.707 millones de guaraníes fue el aumento presupuestario rechazado por el Poder Ejecutivo para el Ministerio Público.