El Tribunal Superior de Justicia Electora (TSJE) es una de las instituciones que presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar que la Contraloría General de la República (CGR) realice auditorías desde el ejercicio fiscal 2014.
“El organismo constitucional de control del Paraguay es la Contraloría General de la República, la Constitución Nacional quitó dicha competencia al Tribunal de Cuentas en el año 1992. Las acciones presentadas por las instituciones públicas pretenden eludir el control, favorece la corrupción y la impunidad. Esto lo vengo sosteniendo públicamente hace 5 años”, manifestó el contralor.
criterio. Benítez volvió a exponer los aspectos constitucionales e institucionales en el sistema de control de cuentas públicas en el Paraguay, donde realiza una crítica a una tendencia jurisprudencial.
Recordó que la Carta Magna modificó las reglas de control a los órganos públicos, y otorgó a la CGR el máximo rol al respecto, por encima de otras instituciones.
“Si bien existen otras instituciones de control... la diferencia fundamental entre las mencionadas y la Contraloría General de la República radica en que ésta posee una jerarquía otorgada por la Constitucional Nacional como “organismo extra poder”, en virtud de la autonomía que tiene en su funcionamiento regula”, dice.
Indicó que las acciones de inconstitucionalidad que la Corte otorga a las instituciones públicas genera un caos en el orden jurídico, y que la propia máxima instancia judicial debería rever esta situación.
“La única forma de revertir esta situación es que la misma Corte tome cartas en el asunto, y encamine una línea jurisprudencial que se enmarque en los parámetros jurídicos del sistema constitucional, el esquema de control transparente de los bienes patrimoniales públicos en el Paraguay...”, manifestó el contralor general.