El problema de la tierra tiene larga data en Paraguay. Algunos autores sitúan el inicio entre 1883 y 1886, años en que se produjo una gran venta de tierras públicas con el consecuente cambio radical en la tenencia, situación que permitió que pueblos enteros queden en propiedad privada y el despojo de millones de hectáreas de campesinos e indígenas.
Si bien en un principio el objetivo era recaudar para pagar las deudas derivadas de la guerra, grandes extensiones fueron otorgadas de manera prebendaria a personas cercanas al poder. Por otro lado, la bibliografía también reporta que no hay registro de todas las ventas, por lo que se podría suponer que parte de los recursos pasaron a manos de las autoridades.
Las referencias señalan que unas 30 empresas de capital extranjero se hicieron con el 40% del territorio paraguayo (más de 16 millones de hectáreas), convirtiendo al país en un enclave exportador de yerba mate, madera y tanino. Dos tercios del Chaco fueron vendidos a espaldas de la población que habitaba en ellos.
Si bien los registros muestran algunas diferencias en la cantidad de hectáreas poseídas, la bibliografía refiere que Carlos Casado llegó a poseer en el Chaco unos 6.000.000 de hectáreas, mientras que Domingo Barthe y La Industrial Paraguaya alrededor de 2.000.000 cada uno, solo por citar algunos latifundios.
Bernardino Caballero y Patricio Escobar son citados por algunos autores como los principales responsables durante el siglo XIX. En el siglo XX, Alfredo Stroessner gobernó desde 1954 utilizando la tierra como mecanismo para mantener alianzas y controlar el poder.
Otro informe reporta que durante su gestión fueron regaladas o vendidas a precios muy por debajo del mercado unos 8.000.000 de hectáreas a las élites militares y políticas del país, principalmente miembros del oficialista Partido Colorado, consolidando redes clientelistas.
Esta larga historia de desposesión y acaparamiento no solo tiene como resultado la concentración que actualmente ubica a Paraguay como uno de los países más desiguales del mundo en la propiedad de la tierra, sino que además ocasionó la muerte y desaparición de campesinos e indígenas incluso después de la caída de la dictadura.
El evento recientemente descubierto a través de la aprobación de una ley para despojar al Ministerio de Defensa y entregarlas a manos de personas vinculadas a políticos no es más que la continuidad de un proceso que ha dilapidado tierras públicas que debieron haber sido utilizadas para el bien común.
Todos los involucrados deben ser investigados y pagar con todo el peso de la ley el intento de apropiación indebida. El problema no se reduce a la responsabilidad legal, sino también a una conducta alejada de la ética que también debe ser castigada por la sociedad.
Mucho dolor y violencia hay desde dos siglos atrás debido a los conflictos por la tierra y el acceso de manera prebendaria, ilegal e ilegítima.
Paraguay debe garantizar la vigencia del Estado de derecho y castigar fuertemente las conductas ilegales en todos los ámbitos, pero particularmente en el de la tierra por el daño económico, social y político que causa tanto a nivel individual e incluso en la imagen internacional.
Es imposible transitar hacia el desarrollo sin ponerle fin a la apropiación indebida de la tierra.