La búsqueda del bien común es, en concreto el objetivo de la política, y el bien común es aquello que es beneficioso para toda la sociedad. El pueblo soberano, cuando elige a quienes gobernarán asume que sus autoridades tendrán como único norte la prosecución de este objetivo, que toda la comunidad alcance el bienestar y tenga calidad de vida.
En el Paraguay, lamentablemente, nuestra clase política y dirigencial, nuestros funcionarios y nuestras autoridades electas entienden el objetivo de la política de una manera muy diferente. Por eso desde hace décadas hemos visto, casi normalizado, el hecho de que ellos consigan ventajas y privilegios, pero no solamente para ellos mismos, sino para su círculo de amigos, para sus correligionarios partidarios y en especial para sus familias.
De esta manera, hemos llegado a alcanzar la construcción de una organización del Estado de un tamaño descomunal, que no solo le cuesta caro de mantener a ese pueblo soberano que vota, sino que además debe sostener ese aparato con sus impuestos. Ese Estado no solo es monstruoso, sino sobre todo está caracterizado por una burocracia ineficiente. El ciudadano queda por eso abandonado para padecer los servicios públicos ineficientes, mientras sus representantes en los tres poderes del Estado gozan de privilegios y de un envidiable bienestar.
Los recientes acontecimientos que se tornaron en escándalos mediáticos son prácticamente considerados normales en una sociedad como la paraguaya. El nombramiento de privilegio del hijo del presidente del Congreso Nacional, el senador colorado cartista Silvio Ovelar, es una muestra clara de esta situación.
El político al ser cuestionado por toda la ciudadanía no solo justificó, sino que de paso ofendió a los docentes del interior llamándolos mediocres mientras destacaba las presuntas virtudes de su hijo y caía en un obsceno clasismo. El hijo por la presión mediática renunció y su padre derramó algunas lágrimas de cocodrilo, pero nunca pidió disculpas por la ofensa y los reiterados insultos. Recordemos que ya están en la función pública la esposa de Ovelar, Magnolia Mendoza, quien ingresó sin concurso a Itaipú, y donde gana G. 100.000.000; la hermana de Magnolia, Violeta Mendoza en Yacyretá, donde gana más de G. 46.000.000; el suegro de Ovelar, Armando Mendoza también en Yacyretá gana más de G. 50.000.000.
Cuando le preguntaron sobre el escándalo, el presidente Santiago Peña, exhibió su ignorancia y dijo que es necesaria una ley que establezca los criterios de ingreso, permanencia y salida en la función pública. No sabe el señor presidente que tenemos una ley, la número 5.295, la que define con sencillez y claridad que nepotismo es: “Cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública”.
La ley establece asimismo que, “el que realizare un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico”.
Como sociedad no podemos seguir siendo tolerantes con los políticos, funcionarios públicos y autoridades que no respetan las leyes. Es grosero e indignante que se sigan repartiendo impunemente los privilegios, solventados con recursos públicos que provienen de los impuestos del sufrido pueblo, mientras a lo largo y ancho del país cunde la desesperanza entre millones de jóvenes paraguayos.