De manera totalmente irregular funcionan desde hace bastante tiempo numerosas playas de estacionamiento en un área de al menos seis cuadras a la redonda del enorme edificio del Poder Judicial, las cuales operan desde casas particulares o patios baldíos que se improvisan para llevar adelante este lucrativo negocio.
Los responsables se limitan a pintar las paredes, portones y cordones de veredas con los colores amarillo y negro, que advierten al conductor sobre el sitio de aparcamiento, además de carteles artesanales donde incluso adelantan los costos del servicio, que van desde los G. 5 mil para vehículos livianos y G. 7 mil para camionetas más grandes.
El panorama de anomalía está conformado por una considerable cantidad de cuidacoches que dominan las calles de toda el área de influencia de la sede judicial, quienes en detrimento de muchos automovilistas reservan los espacios con cajas de madera, baldes o cualquier otro obstáculo para sus clientes habituales.
INTERVENCIÓN. El jefe del Departamento de Fiscalización Tributaria de la Comuna capitalina, José Gómez, informó que 90% de estos sitios de aparcamiento de vehículos operan sin contar con patentes o licencias exigidas por ordenanza, lo cual se da también en los alrededores del Palacete Municipal, en barrio Herrera.
Indicó que todos los propietarios de inmuebles en los cuales se abren estos estacionamientos fueron debidamente notificados tras una intervención hecha en el 2018 sobre la situación de anormalidad en las que se encuentran, pero que un porcentaje muy pequeño se acercó a regularizar su situación en todo este tiempo.
“Un alto porcentaje no tiene permiso municipal por carecer de patente y licencia comercial. Labramos actas de infracción en el 2018, las cuales fueron remitidas al Juzgado de Faltas, que es la instancia que sanciona. Puede aplicar multas o les da plazo para que se formalicen”, aclaró.
Explicó que “tramitar la patente es relativamente fácil, ya que se puede conseguir en solo 48 horas. Pero la gestión de la licencia comercial es más complicada, ya que se exige tener planos aprobados, equipamiento de prevención contra incendio (PCI) y otros requisitos que cuestan. Y es esto lo que les hace desistir a los responsables de estos estacionamientos a la hora de conseguir una licencia”.
Resaltó que la multa puede ser de G. 3 millones, y en caso de reincidencia se carga el monto a la cuenta corriente catastral, lo que deriva en que a la hora en que el dueño del inmueble quiera hacer una transferencia o ponerlo a la venta, se encuentra con multas importantes en su estado, que debe abonar. “Se le complica todo. En algún momento van a tener que pagar”, concluyó.
