El proyecto, que fue aprobado con 17 votos a favor, 10 en contra y 18 ausentes, y presentado por los legisladores Juan Darío Monges, Silvio Ovelar, Amado Florentín y Abel González, pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.
El senador de PPQ, Stephan Rasmussen, criticó este hecho y sostuvo que nuevamente las gobernaciones tendrán vía libre para transferir fondos a instituciones dudosas.
“Se le había sacado todos esos fondos de las transferencias y se envió al grupo 500 de inversiones del clasificador presupuestario, o sea, si ellos quieren hacer inversiones ya sea en bienes públicos o privados pueden hacerlo, pero sin transferir el dinero, sino simplemente dando el bien, comprando una moto bomba por licitación y se le entrega a la Junta de Saneamiento, se hace una licitación para arreglar una escuela y se arregla la escuela. Ellos le dan la plata a cualquier ONG o fundación y estos usan y después rinden, pero ese después rinden se presta a muchísima corrupción”, alertó.
Aseguró que “de hecho muchas ONG son de operadores políticos donde sacan una tajada enorme y utilizan esa plata para campañas políticas, para prebendas o para volverse millonarios”.
Recordó que por ello se había enviado esos fondos al rubro de inversiones. “Ahora se plantea que todo ese dinero vuelva a las transferencias y las gobernaciones van a poder hacer nuevamente transferencias a ONG y fundaciones lo que estaba prohibido este año 2022 en el Presupuesto”, dijo.
G. 75.500
millones es el monto que volverán a estar habilitados para transferencia de gobernaciones si se promulga.