Por su parte, el ministro Alberto Martínez Simón manifestó que no se trata de cercenar el derecho de información, sino que se busca la “despapelización” en el Poder Judicial.
Con respecto a la reconsideración, Manuel Riera explicó que viola la ley de acceso a la información pública, que señala que su acceso es gratuito, y la misma dispone el pago de una tasa judicial.
Además, que el secretario o actuario judicial es el depositario de la fe procesal, el que certifica la veracidad de los datos contenidos en las actas y otras actuaciones. Alega que esta potestad ahora pasará a los funcionarios de Archivo.
También citó algunos puntos sobre la falta de practicidad de la obtención de las copias de las resoluciones judiciales. Alegó que la Comisión Directiva resolvió presentar la reconsideración ante el pleno de la Corte.
El ministro Martínez Simón, por su parte, aclaró que las resoluciones que están en los expedientes van a ser gratuitas y que deberán ser autenticados por los secretarios de los juzgados. Además, que se digitalizarán los fallos.