Ante la negativa de la entidad binacional de responder, recurrió junto a su entonces colega Édgar Acosta del PLRA a un amparo constitucional. Esto sigue sin ser resuelto por la Corte. Algunos abogados coinciden en que la falta de independencia de la CSJ queda en evidencia ante estos emblemáticos casos.
Dependencia y debilidad. El abogado Guillermo Ferreiro lamentó que la CSJ no entienda la gravedad y la importancia institucional de esta acción que presentó la ex senadora González.
“No pueden darle un trámite ordinario como le dan a todas las causas, a todos los demás juicios, hacerles esperar con la burocracia que ya conocemos que tiene el Poder Judicial”, lamentó.
Acto seguido, señaló que también le parece una señal clara de la falta de institucionalidad y de independencia que tiene la Corte.
“Evidentemente, la Corte está dilatando esto como lo hizo en muchos otros casos, como el de Kronawetter, por ejemplo, que tiene un caso similar por otra destitución ilegal, inconstitucional del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que ya hay jurisprudencia de la Corte de que eso no se puede hacer. En lugar de resolver eso, lo dilatan midiendo los tiempos políticos o para que pase el tiempo y cuando lo resuelvan y no tenga efecto. O le quede pocos meses (en el cargo) y quedar bien con ambos sectores políticos. Me parece una señal más de debilidad de la Corte”, explicó.
Con relación al urgimiento presentado por Kattya González para que la CSJ resuelva el amparo constitucional de González y Acosta señaló que la Corte debe entender el escándalo político e institucional que hay sobre el tema Itaipú en la actualidad.
Intolerable. Jorge Rolón Luna, abogado y ex consejero de la Itaipú Binacional (2008-2009), expresó, por su parte, con respecto al amparo constitucional que está en desacuerdo que la Itaipú no pueda ser auditada, atendiendo que administra recursos generados por bienes y materias y propiedad del Estado paraguayo, como lo es la energía que genera la represa.
“En primer lugar, considero que es un precepto que carece de sustento jurídico, y en segundo lugar, la propia Itaipú que se niega a ser auditada es una cuestión antirrepublicana por donde se la mire. ¿Por qué no se podría auditar más allá de la cuestión jurídica? Vamos a suponer que existe algún tipo de inconveniente, voluntariamente autoridades de Itaipú tienen la obligación de rendir cuentas”, explicó el abogado.
