- Edgar Medina
- CIUDAD DEL ESTE
El Colegio de Abogados del Alto Paraná presentó una extensa nota al fiscal adjunto Jorge Arsenio Sosa García, en la que señalan sospechas de corrupción que involucran a agentes fiscales, funcionarios y sicólogos, por quienes solicitan que sean investigados.
El gremio señala que el esquema instalado por Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte, declarados significativamente corruptos por los Estados Unidos, sigue sin ningún control, convirtiendo a los fiscales adjuntos en recaudadores.
A la nota que lleva las firmas de la presidenta del CAAP, Nidia Silvero de Prieto, y del secretario Carlos Duré, se le adjuntó una denuncia de la intendenta de Mbaracayú a la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sobre aprietes a colonos.
Cuestionados. La fiscala Carolina Rosa Gadea tiene 20 años trabajando en CDE y es señalada como protegida del político Javier Zacarías y del entonces presidente del Jurado, Óscar González Daher. Fue denunciada por enriquecimiento ilícito y blanqueada por el Ministerio Público y el Jurado. Piden auditoría a su unidad, previo traslado a otro lugar.
Los fiscales recientemente confirmados Claudelina Corvalán, Adolfo Santander y Julio Paredes, de unidades especializadas, deben ser investigados, auditando sus causas. Presumen que tendrían 2 mil causas, de los cuales solo 90 denunciados individualizados, el resto innominados.
Pidieron la suspensión y sumario al funcionario Tomás González, alias Petete, quien trabaja con la fiscala Nilsa Torales, sería el recaudador en puertos clandestinos y casas comerciales. El mismo tiene una empresa a nombre de su esposa, que ganó una licitación en la Binacional Yacyretá, ligado al abogado Juan Carlos Duarte y el vicepresidente Hugo Velázquez, señalan.
También pidieron auditar el Departamento de Sicología del Ministerio Público, del cual son responsables las sicólogas Norma Bass, Maximina Vázquez, Shirley Torres y Mirna Vallejos, por expedir dictámenes sin mucho rigor científico.
Por otro lado, también señalaron que sería saludable que la Inspectoría del Ministerio Público funcione nuevamente, ya que se desconoce el resultado de los sumarios realizados de las denuncias presentadas anteriormente.