El representante legal Daniel Alarcón, quien patrocina la demanda del sindicato del Partido Colorado, reaccionó contra el titular del partido luego de que la conducción partidaria, a través del asesor jurídico Eduardo González, señalara que la decisión que tomaron es para ordenar la casa y hacer cumplir el horario laboral de ocho horas a todos los trabajadores, ya que muchos de los funcionarios son funcionarios de entes públicos y al mismo tiempo figuran en la ANR.
Alarcón advirtió que los trabajadores sindicalizados del partido no van a tolerar que ninguna persona diga que se está cometiendo hechos punibles. “No es cierto que los trabajadores estén usurpando cargos en la administración pública y en el Partido Colorado en el mismo horario”, remarcó.
Sostuvo que si fuera esa la situación, la administración del partido ya hubiera hecho la denuncia ante el Ministerio Público y si no lo están haciendo es porque son cómplices.
Incoherencia
Alarcón afirmó que el propio Eduardo González trabaja como asesor en Diputados con un salario de G. 6.600.000 y también en el partido con un salario superior a G. 2 millones.
El abogado agregó que José Ocampos Giménez tiene un salario en Agricultura y Ganadería de cerca de G. 11 millones y otro salario de G. 2 millones en la ANR.
“El asesor jurídico Eduardo González y el presidente Alliana deberían haberse fijado primero en su entorno, a quienes tienen como colaboradores directo de su gestión en el partido. Son estas personas las que se encuentran trabajando en dos instituciones. Esta es una información y datos que están en las planillas de salarios públicos”, sostuvo.
Se ratificó en que la modificación del régimen de horario es una violación de derechos laborales adquiridos de 26 años y transgrede normas de carácter constitucional y se pretende justificar dicha medida con un reglamento interno. La demanda se planteó ante el Ministerio de Trabajo y ante la Justicia.
“El partido se maneja en base a los subsidios electorales y nosotros pretendemos cuidar el dinero público”, indicó González al defender la decisión del partido. Sostuvo que se hizo una primera depuración sacando a 100 funcionarios que no iban a trabajar.
El problema, precisó, es que muchos son funcionarios públicos y en el mismo horario figuran en la ANR. “Siempre se quiso hacer un control. Ahora hay mas exigencia porque hay gente que se iba, marcaba la entrada y después salía del partido”, apuntó.