El mandatario hará las consultas pertinentes a sus asesores jurídicos y sus colaboradores, como la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, antes de tomar la determinación sobre el polémico proyecto de ley.
El jefe de Estado tiene encima una fuerte presión. Por un lado de sus correligionarios que aprobaron en el Senado la reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de la investidura, estableciendo requisitos inconstitucionales. En contrapartida, hay presión ciudadana que repudia el autoblindaje porque considera que es una protección que tendrán los legisladores que incurran en los actos de corrupción.
Los legisladores establecieron la necesidad de tener mayoría de dos tercios como requisito para la expulsión de un senador o diputado.
A esto agregaron la palabra “ilegal”, que determina que debe existir una resolución judicial previa para que un legislador pierda su investidura.