29 mar. 2024

A la altura de las circunstancias

Lea Giménez, ex ministra de Hacienda.

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Lea Giménez, ex ministra de Hacienda.

Foto: Gentileza.

Paraguay es un país bendecido con juventud, recursos naturales y tierra fértil. Es también un país que tuvo un importante avance en la consolidación de su estabilidad macroeconómica en los últimos 20 años. Esta buena macroeconomía actuó de buffer frente a los múltiples choques de los últimos tres años. La estabilidad macroeconómica debe cuidarse, ya que es el cimiento sobre el cual nos podemos permitir construir nuestro futuro. Sin embargo, no podemos seguir poniendo el foco solo en la macroeconomía. Es hora de profundizar los avances. Es hora de proyectar nuestro futuro y una visión conjunta del Paraguay que queremos para nuestros niños y jóvenes. Esto no implica olvidar el pasado, sino más bien dejar de lado las generalizaciones, el extremismo, el discurso destructivo, separatista, innecesariamente ideológico o dogmático. Implica extraer del camino recorrido las lecciones aprendidas de nuestros aciertos y también de nuestros errores históricos. Implica entender que dependemos unos de otros.

Independientemente de los partidos políticos, nos late fuerte el corazón al entonar nuestro Himno Nacional, al ver jugar a la Albirroja, al leer a Augusto Roa Bastos. Independientemente de las diferencias, nuestra historia nos une en una gran familia: somos paraguayos. Si queremos salir adelante, como pueblo, estamos obligados a identificar puntos de encuentro, resaltando el sentido de nosotros como parte de una misma sociedad, y alcanzar consensos en áreas estratégicas y determinantes, para así construir ese futuro, enfocando nuestros esfuerzos en los temas que necesitan mejoras urgentes.

Acceso universal a una educación de calidad

Si haces planes para un año, siembra arroz.

Si haces planes para diez años, planta árboles.

Si haces planes para toda la vida, educa a los niños.

Kuan Chung (siglo VII a. C.)

La educación de nuestros niños y jóvenes debe tener prioridad de manera sostenida. Prioridad en serio, como una política de Estado que trascienda Gobiernos y que no solo sea de la boca para afuera y en los discursos. Nuestros resultados son alarmantes. Con un puntaje de 0,53, el índice de capital humano del Banco Mundial (2018) ubicaba a Paraguay en el puesto 90 de 157 países, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (ALC). Entre el 2010 y el 2020 (¡una década entera!) nuestro puntaje se movió marginalmente (casi nada), yendo de 0,51 a 0,53. Independientemente del ránking (es decir, de cómo nos comparamos con otros países), el índice se mide en términos de la productividad de la próxima generación de trabajadores en relación con el punto de referencia que asume educación y salud completa. Es decir, el valor de 0,53 significa que en Paraguay la productividad promedio como futuro trabajador de un niño o niña es solo un 53% de lo que podría llegar a ser. Esto significa que nuestro país obtendrá 47% menos de ingresos a largo plazo.

Con una metodología alternativa, la última medición del índice global de capital humano del Foro Económico Global ubicaba a Paraguay en el puesto 90 de 130 países en el 2017. Este puesto ubica a Paraguay en el puesto más bajo entre los países de América del Sur (excluyendo a Venezuela). Y la situación habría empeorado con la pandemia del Covid-19. Un informe del Banco Mundial indica que en Paraguay se perdieron siete meses de clases, lo que tendría efectos adversos en el aprendizaje que se prolongarían en el tiempo y hasta la vida laboral de aquellos chicos que tuvieron sus primeros años de estudio en medio de la pandemia.

Sin acceso universal a educación de calidad y sin un enfoque particular en primera infancia, donde cada guaraní invertido tiene el máximo retorno, es imposible aspirar a tener una sociedad inclusiva que brinde igualdad de oportunidades a sus miembros. Necesitamos invertir en la preparación de docentes que, a su vez, tienen la honorable tarea de preparar a nuestros hijos, quienes en breve tomarán las riendas de sus vidas y del futuro del país. Necesitamos invertir en el sistema educativo como un medio para llegar a un norte común. No se trata solo de llegar a un X% del PIB, de asignar “más recursos” o utilizar mejor lo que ya se tiene, sino que se trata de entender y asumir que la educación de calidad es un derecho humano. Se trata de entender que la malnutrición, la pobreza, la desigualdad, la violencia, el crimen, la drogadicción, la baja productividad, la informalidad, la baja capacidad institucional, la corrupción, y prácticamente todos los flagelos que sufrimos se combaten con acceso universal a educación de calidad. Se trata de entender estos intrincados nexos y de formar una visión conjunta y de largo plazo al respecto, para así definir qué queremos lograr como nación. Si entendemos esto, no hablaremos de presupuesto, de gasto en educación, sino de inversión en capital humano. Los diagnósticos generados en el contexto del Plan de Transformación Educativa 2030 son un buen comienzo. Tenemos que poner a nuestra mejor gente a trabajar en este desafío, tener clara la hoja de ruta, y garantizar el respaldo multisectorial y sostenido que se necesita para ser exitosos. El desarrollo no es solo mayor PIB, es mayor bienestar y desarrollo humano. Invertir en educación es indiscutiblemente la mejor apuesta que podemos hacer.

Aprovechamiento inteligente de nuestros recursos naturales

La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre.

Mahatma Gandhi

Es clave fortalecer la capacidad y la coordinación de las entidades reguladoras y gestoras de nuestros recursos naturales –incluida la tierra– (MAG, Mades, Infona, Catastro, SIRT, Sicar, Indert, etc.) y sentar las bases para una gestión transparente, justa e inclusiva de estos recursos. La tierra, principal insumo del sector agrícola –el motor de crecimiento económico más importante de Paraguay– merece particular atención. Explotamos la tierra, nos genera importantes ingresos, pero no contabilizamos los asociados costos ambientales y sociales. El capital natural es una fuente de crecimiento que puede ser duradera cuando los métodos de producción son sostenibles e inclusivos. El mejor aprovechamiento de este recurso requiere de una visión estratégica, integral e inclusiva, que tome en cuenta no solamente la contribución del sector agrícola al PIB, sino también su impacto en el medioambiente y en el desarrollo sostenible e inclusivo. Requiere además de leyes y reglas claras y de instituciones con las capacidades de velar tanto por el derecho a que se respete la propiedad privada como por el derecho al acceso a una vivienda digna.

En cuanto al sector de energía, si bien el potencial hidroeléctrico de nuestro país ha sido una fuente importante de crecimiento económico, hemos caído en la paradoja de la abundancia. Nos hemos enfocado meramente en producir energía y extraer renta, pero no en garantizar la calidad del suministro de energía para un desarrollo económico y social sostenible y equitativo. No se trata solamente de invertir en cables de transmisión o de debatir sobre la renegociación o revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Debemos pensar estratégica y sistémicamente en cómo aprovechar nuestras riquezas de manera sustentable e inteligente. Plantear cómo generaremos energía limpia más allá de Itaipú, considerando que para el 2028 se agotan las fuentes de generación actual. Debe haber claridad al respecto del uso de los ingresos de las entidades hidroeléctricas binacionales. También es clave reformar la ANDE. Esta empresa pública es un monopolio altamente ineficiente y desregulado. Dada su importancia estratégica, además de precisar una hoja de ruta de inversión que sea transparente, un paso importante que nos permitirá aprovechar mejor nuestros recursos es modernizar a nuestro administrador de energía eléctrica. Idealmente, los roles de política, regulación y operación deben estar separados. Junto con la apuesta en capital humano, nos permitirá tener una oferta de valor clara y potente para promover la inversión local y atraer inversión extranjera.

Acción colectiva para el combate a la corrupción

El poder de la infección de la corrupción es más letal que el de las pestes.

Augusto Roa Bastos

Si bien ha habido importantes avances en lo que respecta al combate a la corrupción y el nepotismo, gracias a la aprobación de legislación y la creación de instituciones que apuntan a fortalecer el acceso a la información, el mejor control del uso de nuestros recursos, y la transparencia, todavía necesitamos profundizar estas reformas y fortalecer la efectividad de nuestra normativa para efectivamente prevenir la corrupción y acabar con la impunidad. Estos males crónicos impactan muy negativamente el relacionamiento del sector público con el sector privado y erosionan la confianza entre poderes del Estado, entre el Estado y los ciudadanos, y entre los ciudadanos y las empresas. Muchos promueven la idea de que la corrupción es un flagelo, cuya causa se circunscribe al ámbito del sector público. Nada está más lejano de la realidad. La corrupción es, en gran parte, el resultado de una nefasta y arraigada asociación público-privada con el fin de extraer renta de manera ilícita. Combatir a la corrupción requiere de una acción colectiva, en la que tanto el sector público como el privado deben liderar con el ejemplo. En este sentido, el sector privado puede sumarse a la acción colectiva con iniciativas claras para desarrollar estándares y principios comunes de integridad, coaliciones empresariales de certificación, etc. Por su parte, el sector público puede facilitar la acción colectiva reuniendo a varios actores “campeones” en la lucha contra la corrupción, promoviendo la acción colectiva multisectorial y multipartita, asignando facilitadores neutrales para abordar desafíos de integridad, estableciendo procesos de asignación de certificados de transparencia institucional, etc. Es necesario promover el aprovechamiento de las plataformas de datos abiertos para materializar la contraloría ciudadana en control efectivo de la cosa pública. El Estado debe brindar herramientas al ciudadano para reportar indicios y casos de corrupción y otorgar garantías formales para el ciudadano frente al Estado.

En cuanto a nuestros representantes, electos y designados, aunque sea difícil de creer, ser corrupto no es un requisito para ser un líder político o para liderar una institución pública. Los partidos políticos, independientemente de sus antecedentes, también pueden contribuir, promoviendo el liderazgo de gente joven, capacitada, con buenos antecedentes y con ganas de mojar la camiseta. Esto ha sido demostrado con algunos dignos representantes que hemos tenido. Yo no pierdo la esperanza de que un día veremos en las listas de candidatos nombres nuevos de jóvenes brillantes de todo el país que hoy se destacan a pesar de los muchos desafíos que todos enfrentamos para hacerlo.

Digitalización como herramienta de desarrollo inclusivo

Siendo una herramienta transversal, y hoy inevitable para el desarrollo, debemos también invertir en conectividad y digitalización, para aprovechar la cada vez más asequible tecnología y acercar al ciudadano al Estado a través de mejores servicios. Por ejemplo, la digitalización puede ser un facilitador de servicios de salud y educación de calidad, incluso en los lugares más remotos. La tecnología y la conectividad permiten que podamos tener acceso a los mejores profesores y profesionales de la salud. La digitalización también puede ser una herramienta para combatir a la corrupción y/o la ineficiencia; ya sea permitiendo la trazabilidad de las compras públicas (medicamentos, almuerzos y meriendas escolares, etc.) o facilitando las auditorías concurrentes y una verdadera rendición de cuentas. Sin embargo, la digitalización no es una panacea; depende de decisiones humanas y debe tener un norte claro.

También debemos trabajar en la salud y en la seguridad; la pandemia reveló grandes debilidades en estos dos sectores centrales para el bienestar de todos y claves para el desarrollo. Lo que tienen en común estos desafíos es que su abordaje efectivo en una democracia debe surgir como resultado de procesos con gobernanza colaborativa y en redes que promuevan la participación del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y de los ciudadanos. También requieren de capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Necesitamos fortalecer nuestro sentido de comunidad, y también de madurez para dialogar, para discernir con respeto, y para arribar a consensos. Nuestros desafíos estructurales son importantes. No podemos seguir permitiendo que las políticas públicas sean rehenes de la politiquería, de la corrupción, de la inoperancia y la incapacidad. Hay muchos paraguayos con ganas de contribuir. Somos capaces de levantarnos entre todos, como comunidad, con madurez, capacidad, trabajo en equipo, sentido de ciudadanía e integridad. Se lo debemos a nuestros hijos e hijas, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos y hermanas, a nosotros mismos.

Que las próximas generaciones sepan que estuvimos a la altura de las circunstancias.

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