Según explicó la camarista Silvana Luraghi, quien coordina la Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal, esto lo anunció en una reunión el ministro del Interior, Enrique Riera, donde también estuvieron representantes de otras instituciones.
Las tobilleras serán aplicadas cuando exista el arresto domiciliario, o en su caso, en la etapa de ejecución con quienes tienen beneficios penitenciarios, como la prisión domiciliaria.
Además, explicó que también podrán ser aplicadas para las víctimas, especialmente en los casos de violencia familiar, lo cual debe ser consentido. A esto se suma el botón de pánico para estas.
Lo que se quiere es establecer un canal de comunicación con el propósito de evitar principalmente que se cometan hechos punibles.
Luraghi indicó que el control será ejercido por la Policía, específicamente por el Sistema 911, que creó una división especial denominada Sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), que efectuará el monitoreo y vigilancia de los que tengan las tobilleras.
La magistrada indicó que para los usuarios del Ministerio de la Defensa Pública será totalmente gratuito, pero podrá ser oneroso en los casos en que los procesados tengan dinero para costear los gastos existentes.
Cada tobillera electrónica tiene un costo de 300 dólares, por lo que el gasto realizado es de USD 30.000, unos 273 millones de guaraníes, al cambio actual.
UN JUEZ. Incluso, está previsto un acto para la aplicación de la primera tobillera, y hasta designaron a un juez de Garantías, que ya lo había solicitado hace tiempo.
Luraghi explicó que una vez colocada, un equipo visitará el inmueble donde estará el procesado que tendrá la tobillera electrónica, para determinar el nivel de internet y de energía eléctrica.
Con respecto a los casos de violencia doméstica, remarcó que el monitoreo será de víctima y procesado, que no podrán estar en el mismo barrio. Asimismo, los encargados del monitoreo también revisarán el expediente, de modo que el control sea más efectivo.
La camarista Luraghi refirió también que las tobilleras electrónicas serán luego distribuidas en forma progresiva para los demás departamentos del país.
Con respecto a quién debe pedir, podría ser cualquiera de las partes, a más del arbitrio del juez.
La ley de tobilleras electrónicas fue aprobada en julio del 2017, pero nunca fue implementada. La legislación fue modificada este año para que pueda ser aplicada en los crímenes.
La reglamentación de la ley se realizó en octubre del 2023, ya durante el gobierno de Santiago Peña, con lo que ahora ya será efectivo su uso.
