En sus primeros meses de gobierno, Santiago Peña ha intentado marcar una impronta propia: Resolutivo, por momentos precipitado en la toma decisiones, y, en reiteradas ocasiones, condicionado por sus promesas de campaña y los socios políticos con quienes gobierna.
Las primeras acciones de Peña lo mostraron proactivo en temas concretos, en lo que hace al combate a la corrupción, convocando a cumbre de poderes, impulsando la reorganización institucional de ámbitos del Estado paraguayo, a través de iniciativas legislativas con poco margen para el debate plural, estableciendo controles al comercio fronterizo, sobre todo, con la Argentina y disponiendo el aumento en 25% del subsidio que reciben beneficiarios del programa denominado Tekoporã Mbarete. En cuanto a la gestión política internacional, la tensión con dos socios de peso como la Unión Europea y la Argentina han marcado estos primeros meses de gobierno, con decisiones erráticas y precipitadas de parte del Gobierno Nacional, que han generado efectos no del todo positivos para el país.
A la par, estos primeros 60 días, estuvieron marcados por conflictos generados, paradójicamente, por referentes afines al gobierno. El diputado Yamil Esgaib y los senadores Lizarella Valiente y Basilio Núñez, han hecho todo lo posible por dejar en claro, qué tipo de intereses representa el cartismo y qué principios políticos, económicos y culturales defienden en el Congreso. La situación conocida a nivel internacional que pesa sobre Horacio Cartes hace, además, muy poco favor a la imagen internacional de este gobierno.
En las últimas semanas, la toma del penal de Tacumbú por miembros del crimen organizado pertenecientes al Clan Rotela evidenció la pérdida de soberanía del Estado paraguayo en los establecimientos penitenciarios.
En esta materia, el informe Global Organized Crime Index 2023 ubica al Paraguay en cuarto lugar en la región en materia de crimen organizado, solo por detrás de Honduras, México y Colombia. A decir del sociólogo paraguayo Carlos Peris, “Todo en Paraguay es perfecto para el avance del crimen organizado desde el territorio hasta la debilidad institucional”.
Por otra parte, el discurso de austeridad tan propagado por el gobierno ha quedado de contramano y es incoherente, con los pedidos de aumento de salarios para el presidente y vice, ministros y, recientemente, también para legisladores. Una jugada riesgosa e inoportuna, que muestra a las claras las prioridades del gobierno y su desacople con las demandas más sentidas de la realidad social en materia educativa y sanitaria, sectores que deben dar respuestas a necesidades básicas de la población en contextos, siempre, de carencias.
Finalmente, las promesas de campaña siguen pasando factura al gobierno. La influencia de grupos Provida en el manejo de la agenda educativa nacional, además de ser inconstitucional, tendrá un costo alto para la consolidación de valores democráticos, como la libertad, la pluralidad y la tolerancia, garantizadas por nuestra constitución. La presencia de cuestionados referentes de este grupo religioso en el corazón del MEC incidiendo en decisiones de la política educativa, es un retroceso lamentable para la educación paraguaya y una amenaza al modelo de Estado previsto en la constitución paraguaya de 1992.
El escenario a corto plazo es de incertidumbre y expectativas bajas. Un gobierno desorientado, condicionado en su actuar por grupos fundamentalistas, organizaciones criminales y políticos oportunistas que le marcan la cancha y tienen demasiado protagonismo en un contexto de institucionalidad debilitada en extremo.
