MÁS PODER PARA LEGISLAR. El proyecto conocido como Ley Bases declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y le otorga a Milei facultades para legislar en esos rubros.
Es uno de los puntos más controversiales y fue causal del naufragio del proyecto original en febrero.
La oposición afirma que, también en su versión actual, implica otorgarle “la suma del poder público” al Ejecutivo y advierte que le permitiría modificar o eliminar las competencias, funciones y cantidad de empleados de organismos descentralizados como el Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet) o el Instituto de Cine (Incaa), entre muchos otros.
“Se busca delegar poder en quien evidentemente, odia al Estado”, manifestó la diputada peronista Blanca Osuna, mientras que los bloques cercanos al oficialismo señalaron que los gobiernos anteriores también recibieron facultades similares.
PRIVATIZACIÓN. El proyecto habilita al presidente a iniciar el proceso de privatización de más de una decena de empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos, y varias compañías de comunicaciones, transporte y energía.
incentivo PARA INVERSIONES. El llamado “Régimen de incentivo a las grandes inversiones” (RIGI), incluido en la norma, busca promover la llegada de capitales extranjeros con beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.
Es otra de las medidas que generó controversia en varios sectores: miembros de la Unión Industrial Argentina señalaron que la medida excluye a las pequeñas y medianas empresas y perjudica a la industria nacional, mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló que el régimen es “una puerta de acceso” para “capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas”.
El diputado opositor pero aliado del oficialismo Miguel Pichetto, aseguró que “el RIGI es para la explotación minera, petrolera y gasífera, y estas son las inversiones que la Argentina necesita”, al tiempo que llamó a “desmitificar este tema de la entrega del patrimonio de la soberanía nacional”.
REFORMA LABORAL. La reforma laboral contenida en la ley extiende el periodo de prueba de nuevos empleados de tres a seis meses e incluso hasta un año; condona multas a empresas con trabajadores no registrados para incentivar su formalización y plantea la implemetación de un fondo de cese laboral que reemplaza al actual régimen de indemnizaciones.
Se deroga la prestación de retiro vigente y se crea una nueva que supone que quienes no reúnan 30 años de aportes tengan derecho a un haber mínimo, pero equivalente a 80% de la jubilación mínima, a partir de los 65 años.
REFORMA FISCAL. El paquete de reformas fiscales determina, entre otras medidas, que los asalariados con ingresos superiores a 1,8 millones de pesos (2.000 dólares al cambio oficial), vuelvan a tributar impuesto a las ganancias, un gravamen que para ese sector había sido derogado en 2023 con el voto, entre otros, del entonces diputado Javier Milei.
