Un largo debate generó en el pleno de la Corte el informe sobre las llegadas tardías, entre el primer día de febrero y el último de abril de este año. De 60 días hábiles, hubo funcionarios que tuvieron entre 15 y 47 llegadas tardías, todas justificadas, por lo que quisieron realizar sumarios.
El ministro Alberto Martínez Simón informó ayer que están realizando un relevamiento de los datos sobre los funcionarios judiciales.
Explicó al pleno que tuvieron datos de las llegadas tardías. Dijo que 159 personas registraron entre 15 y 47 llegadas tardías en 60 días hábiles (entre el 1 de febrero y el 30 de abril) con lo que solo 13 días llegaron a tiempo. Aclaró que todas fueron justificadas.
Indicó que, de ellos, 17 son actuarios judiciales, por lo que se conversó con ellos, por este motivo. Acotó que la justificación era para casos excepcionales, cuando debían realizar diligencias para el Juzgado, por lo que no podía ser que tuvieran tantas llegadas tardías.
Además, Martínez Simón informó que están trabajando para mejorar la acordada sobre la reglamentación para los 13 mil funcionarios.
Ante esto, el ministro Manuel Ramírez Candia solicitó la realización de un sumario administrativo.
Sin embargo, el ministro Víctor Ríos no estuvo de acuerdo, ya que señaló que se debían ver los motivos antes de abrir un sumario.
El ministro Eugenio Jiménez explicó que los hechos notorios no necesitaban ser probados, por lo que se debía hacer un sumario. Ríos señaló que primero debían verse los motivos antes de penalizar. Ramírez Candia aseguró que el sumario no era penalizar, sino que se investigará si hubo o no irregularidad, lo que fue apoyado por Jiménez.
Ríos insistió en la estigmatización, y recordó la frase de que “la imputación no causa agravio...” Abogó por la investigación previa al sumario. El presidente de la Corte, Antonio Fretes, señaló que lo mejor sería un sumario.
Después, Ríos refirió que se iba a penalizar un acto de interpretación de la norma. El ministro Luis María Benítez Riera aseguró que el Consejo de Superintendencia debía investigar bien y modificar la acordada sobre el personal. La ministra Carolina Llanes habló de que si no había infracción, no podía haber sumario.
Martínez Simón habló de que la justificación debía ser verdadera. También opinaron el ministro Garay, sobre la buena fe. Finalmente, Ríos habló de que estábamos en un Estado de Derecho.
Al final, coincidieron en una acordada sobre la normativa y no decidieron nada sobre el sumario.
