Por Jorge Silvero Salgueiro
El 20 de junio de 2007 se conmemoran quince años de la entrada en vigencia de la actual Constitución paraguaya. La misma se elaboró en aras de recomponer la deteriorada relación sociedad-Estado tras décadas de opresión. Con esta finalidad, se proclamó en el artículo 1 lo siguiente: “La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia … fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”. De esta forma, el respeto a la persona humana se constituyó en el fundamento del poder en el nuevo orden constitucional. Esta transformación del Paraguay en un Estado capaz de promover y garantizar los derechos humanos representó, entonces, toda una novedad constitucional tras dos Constituciones autoritarias como las de 1940 y 1967.
Ahora bien, dicha proclamación fundamental no eran meran palabras, sino más bien constituía el genuino producto del proceso político. En 1989, la sociedad paraguaya había recuperado su libertad con la caída de Stroessner. Por su parte, entre 1989 y 1991 el Estado se democratizó mediante elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. Pero, al término de este primer trienio la combinación sociedad libre - Estado democrático resultaba insuficiente para avanzar con el desarrollo político del país. Una rémora del pasado había logrado sobrevivir a los golpes militares y seguía vigente sirviendo de base a los nuevos gobiernos democráticos, sean nacional o municipales: se trataba de la Constitución de 1967. Entonces, le cupo a la Constitución de 1992 terminar con esta paradoja y derogar a la última voluntad vigente del dictador en el exilio. Ahí, concluyó formalmente el stronismo y, con ello, se dio paso a la construcción de un Estado constitucional democrático.
El nuevo orden constitucional exigía una renovación institucional con profundos cambios en la organización de los tres poderes del Estado, y sometía a los nuevos gobernantes electos democráticamente a las reglas del Estado de Derecho obligándoles a un ejercicio limitado del poder. Evidentemente, se iniciaba una época de experimentos constitucionales donde no toda maquinaria de gobierno funcionaría de forma óptima. Sin embargo, la desazón ciudadana fue peor que el cálculo político pesimista sobre el futuro de estas nuevas instituciones. No habían pasado 4 años de la entrada en vigencia de la nueva Constitución y, en vez de construirse un Estado de Derecho como la etapa lógica subsiguiente en el desarrollo político del país, el Estado paraguayo entró en crisis. La vieja práctica nociva de intentar un golpe de Estado desdeñando el proceso constitucional se hizo presente en mayo de 1996, y recordó que los cambios político-culturales son más complejos que el mero cambio formal de una constitución por otra.
Desde entonces, se produjeron varias crisis más de suma importancia, como el lamentable suceso del magnicidio y los sucesos políticos que desembocaron en el marzo paraguayo y en la instauración de un gobierno de unidad nacional de corto plazo y de débil sostenibilidad política. Todo ello puso en tela de juicio la cuestión de que la gobernabilidad democrática sería solo una cuestión de diseño constitucional o de meros pactos políticos. La realidad política superaba a las instituciones constitucionales y ponía en evidencia la fragilidad del nuevo sistema constitucional.
Sin embargo, el rebrote del autoritarismo en un orden constitucional democrático no debería llevar a una valoración nihilista de las instituciones constitucionales de 1992. Esto es, a una negación absoluta del aporte de la Constitución al proceso político como fuerza normativa capaz de influenciar decisivamente en las transformaciones democráticas del Estado y la sociedad. Muy por el contrario, el rol político de una Constitución democrática vigente como la de 1992 es hacer caer en contradicción a las viejas prácticas autoritarias con el desarrollo político pretendido y lograr una condena de dichas prácticas. Una constitución democrática es una suma de valor en el proceso de transformaciones culturales de la sociedad.
En la actualidad, las crisis que experimentó el Estado fueron tantas y sin resolverse positivamente que sus secuelas lo mantienen en un “estado de inercia”. El Paraguay es en este momento un Estado inerte sin que se avizoren cambios constitucionales de trascendencia positiva. Por el contrario, sobre el inicio del próximo periodo presidencial de 2008 se ciernen crisis políticas referidas a la legitimidad del proceso electoral, con lo cual se echaría por la borda uno de los pocos logros de los últimos años: gobiernos democráticos. Por ello, más que nunca, la sociedad debe ser la protagonista del proceso político siendo la fuerza capaz de revitalizar el orden constitucional.