Un esquema similar al de Ramón González Daher fue denunciado ante el ministro de la Corte Eugenio Jiménez. Este hecho involucra a abogados, rematadores, jueces, fiscales, escribanos y hasta gente de Registros Públicos, conforme señalaron.
Ayer, varias víctimas se entrevistaron con Jiménez, para denunciar lo que ocurre. María Perla Barrios, su hijo Eduardo González y la abogada Ana Mora de Ramírez, encabezaron el grupo que estuvo por los tribunales.
Denunciaron a Eduardo Hrizuk, quien sería el prestamista, a más de los abogados Gregorio Daniel Acosta, Reinaldo Bazán Barrientos, Claudio Vera Larroz y el rematador Mario Persons, conforme señalaron los denunciantes.
María Perla Barrios relató que su esposo estuvo muy enfermo, por lo que lo llevaron al Hospital Sirio-Libanés, en Brasil, donde falleció. Esto les dejó una deuda bastante alta.
Explicó que como era bastante burocrático sacar créditos, recurrió a Eduardo Hrizuk, de quien prestó unos G. 1.500 millones para pagar la deuda. Esto fue en el 2012. Alegó que este le puso como condición abrir la sucesión de su esposo y que debía hacerlo con sus abogados, por lo que firmaron un poder y un supuesto compromiso de compraventa.
LA DEUDA
Barrios explicó que en el 2013, unos 10 meses después, quiso abonar la deuda. Hrizuk le dijo que eran G. 5.000 millones (interés del 416% aproximadamente). La mujer dispuso de algunos bienes y logró reunir el dinero, por lo que fue junto a Hrizuk con la gerente del banco de Colonia Fram.
La mujer señaló que Hrizuk se negó a recibir el dinero, y que le dijo que volviera otro día. Es más, incluso se enojó. Lo que no sabía –alegó Barrios– es que lo que firmaron era una cesión de derechos, y en la sucesión, ya se habían adjudicado nada menos que 8.500 hectáreas de su propiedad.
De ellos, 7.000 hectáreas estaban en Ñeembucú, 1000 hectáreas en Coronel Bogado (Itapúa), y 500 hectáreas en San Miguel Misiones. La mujer dijo que nunca fueron a un escribano, pero que tenían las hojas de protocolo de la escribanía que firmaron.
También denunció que en Encarnación, un ex intendente quiso vender su propiedad en Encarnación por unos G. 1.500 millones y que Hrizuk le depositó G. 300 millones, y le dijo que le traspasara la propiedad para depositarle el resto. Así lo hizo, pero el mismo retiró los documentos y nunca pagó lo que faltaba.
MÁS CASOS
Por su parte, la abogada Ana Mora dijo que ya realizaron varias denuncias, ya que usan pagarés falsos para cobrar deudas, además de remates judiciales amañados. Incluso, que tienen nueve empresas que figuran en la Subsecretaría de Estado de Tributación, que se presentan en los juicios.
La abogada explicó que existen unas mil víctimas, pero que no todos se animan a denunciar.
El abogado Raúl Breuer refirió que el juicio sucesorio del esposo de la señora María Perla Barrios se hizo en Asunción, ante el entonces juez Hugo Becquer.
Indicó que si bien el juez determinó que era el 50% de los bienes, ya que el resto era de la esposa por ser bienes gananciales, la actuaria hizo los certificados de adjudicación por el 100% de la propiedad, lo que ya fue inscripto en Registros Públicos.
Según explicó el abogado, es evidente que también hay complicidad de gente de los Registros Públicos.
Adelantó que incluso hicieron una denuncia fiscal, lo que fue desestimada. Alegó que el agente estaba recusado, pero igual pidió la desestimación del caso. El escrito se presentó a las 10:26, y a las 13:00 ya se había aceptado el pedido, pese a que había cuatro tomos de expedientes y con varias pruebas pendientes.
El abogado Breuer remarcó que existe toda una rosca que opera en una estructura similar a la de Ramón González Daher.
Juez decreta prisión para González Daher en otra causa
El juez de Garantías, Rolando Duarte, decretó ayer la prisión preventiva del procesado Ramón Mario González Daher, en el caso de supuesto quebrantamiento del depósito y extorsión. Es el caso del supuesto hurto de cheques.
La audiencia se realizó ayer en forma telemática ante el magistrado. Estuvieron el fiscal Néstor Coronel y los abogados Mario Elizeche Baudo y con el imputado estuvo el abogado Luis Olmedo.
En la diligencia, la fiscalía señaló que si bien se pidió al principio la prisión preventiva, a esta altura del proceso, las medidas cautelares serían inocuas debido a que el mismo cumplía una sentencia firme de 15 años de prisión.
Por su parte, el defensor Mario Elizeche, apuntó que no existe ni peligro de fuga ni de obstrucción de las investigación, por lo que solicitaba al juez que se prescindiera de aplicar medida cautelar alguna al procesado.
Ya en su análisis, el juez de Garantías refirió que si bien según el artículo 238 del Código Procesal Penal prohíbe aplicar prisión a los mayores de 70 años, “mal podría aplicarse medidas alternativas a la prisión”, a favor del procesado, dado que existe una imposibilidad material por parte del imputado.
Con ello, alega que la medida cautelar idónea para el caso es la prisión preventiva.
El próximo 13 de octubre, a las 08:30, está fijada la audiencia preliminar en la causa. La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional lo que debe ser estudiado por el juez Duarte.
