CIUDAD DEL ESTE
Desde ese tiempo, los afectados deambulan por el Tribunal de Ciudad del Este tratando de recuperar sus bienes, pero aún desde la cárcel los ahora condenados consiguen trabar todo, según la abogada Mónica Rivas.
El que lideraba el grupo de víctimas, Feliciano Martínez Gallinar, falleció en esta última semana a causa de una dolencia que comenzó a padecer en los últimos tiempos. Pero antes que él, pasaron a la eternidad Emilio Coronel y su señora, además de Silvino Recalde, otras de las víctimas que tampoco pudieron acceder a la indemnización.
Se trata de un grupo de 18 personas que habían sido estafadas por la pareja conformada por Ignacio Moreira y Águeda Barrios, quienes por varios años no pudieron ser juzgados porque tenían protección en todos los ámbitos, según los antecedentes.
Pero en el año 2004 los afectados se reunieron y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde fue designado el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio para investigar el caso. Ese mismo año fueron detenidos Moreira y Barrios, quienes pasaron a guardar reclusión en la Penitenciaría Regional hasta que fueron condenados a 12 años de prisión, más 5 años de medida de seguridad.
En la misma sentencia, también el Tribunal condenó a la pareja a pagar una indemnización, figura contemplada en el Código Penal y aplicada por primera vez por jueces de Sentencia penales, según los antecedentes. La pena fue confirmada en todas las instancias y actualmente Moreira guarda reclusión en la cárcel de Coronel Oviedo y Barrios en Villarrica.
La pareja fue condenada a indemnizar a las víctimas por el monto de 2.500 millones de guaraníes y lo que debió ser un procedimiento sumario, las simulaciones de actos ejecutivos y planeamientos dilatorios en el juicio prolongaron la batalla judicial por 11 años, según relató la abogada Mónica Vera. “Hay varios juicios de nulidad y otros que se tuvieron que realizar en el caso, porque estando en la cárcel llegaron a fraguar documentos y enajenar los bienes registrados a sus nombres”, afirmó.
“El señor Feliciano Martínez Gallinar era el que encabezaba al grupo y pasó varios años en los tribunales esperando que la Justicia le devuelva lo que le arrebataron y ahora es la cuarta víctima que muere sin poder ver que se hizo justicia”, afirmó la abogada.
Entre los bienes embargados a la pareja se halla un inmueble de 17 hectáreas ubicado en Minga Guazú; una casa en Hernandarias y 5 tractocamiones Scania. Todos los bienes fueron enajenados, desde prisión, por los ahora condenados, según la abogada.
El expediente principal está actualmente en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, donde fue a parar luego de que el juez Blas Cabriza impugnara la inhibición de su colega Evangelina Villalba Montanía, quien adujo tener afinidad con una de las víctimas, para no resolver sobre un pedido de caducidad de un incidente planteado en el remate de los bienes.
“Ninguno quiere resolver. Los jueces atajan todo y los afectados no pueden cobrar por el daño, porque se tiene que sanear todo”, finalizó.
