EFE
En una carta abierta remitida a Jorge Mario Bergoglio, las víctimas, procedentes de países como México, Chile, Argentina, República Dominicana, Perú y Estados Unidos, exigen que su expresión de que “no hay lugar en el ministerio de la Iglesia para quienes cometen esos abusos” se traduzca en acciones contundentes.
El Papa “está premiando a gente que debería estar en la cárcel”, afirmó en una rueda de prensa el ex seminarista Juan Carlos Cruz, quien fue víctima en Chile del sacerdote Fernando Karadima, considerado culpable por el Vaticano en 2011 por cometer abusos sexuales a menores.
Respecto a este punto, Cruz mencionó ejemplos recientes vividos en Chile, como la elevación a cardenal del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el nombramiento de Juan Barros como obispo de la diócesis de Osorno, ambos, según sostiene el ex seminarista, encubridores del caso Karadima.
“Le pedimos al Papa que, al menos, cumpla lo que está diciendo, porque para los titulares, somos todos buenos”, remarcó Cruz, quien reconoce que las víctimas chilenas se sienten “tremendamente decepcionadas” por el Papa.
“No bastan las palabras y algunos gestos -y menos aquellos que son ambiguos y contradictorios-, que no corresponden a la tolerancia cero en contra de la pederastia clerical, sino que agravan el daño a las víctimas y no generan procesos institucionales hacia la verdad y la justicia”, especifican las víctimas en la carta.
El ex sacerdote y defensor de los derechos humanos Alberto Athié, afirmó que Bergoglio va a tener que establecer “niveles de responsabilidad” entre los miembros de la Iglesia, tanto en relación con quienes cometieron abusos como aquellos que les encubrieron.
Athié también involucró en estas responsabilidades al anterior papa, Benedicto XVI, quien “está implicado, ya que fue conocedor de miles de casos de daños cometidos a niños y solo resolvió 400".
Esos 400 casos corresponden a sacerdotes que fueron suspendidos en secreto, y de los cuales todavía se desconoce la identidad y el paradero, ya que el Vaticano “no ha tenido la responsabilidad de entregar la información” a las autoridades y hacerla pública, indicó.
El activista pidió que la institución religiosa se sometiera a los procedimientos y reformas estructurales recomendadas en mayo de 2014 por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y acate la legislación de cada país.
“La Iglesia considera que no tiene que rendirle cuentas a nadie, pero tiene que aprender que les toca someterse al poder civil”, sostuvo Athié.
Además, denunció “la enorme complicidad entre autoridades civiles y religiosas” en América Latina, y que “las sentencias son irrisorias en comparación con el número de casos de víctimas”.
Cruz añadió que en la región es difícil que las víctimas de abusos sexuales salgan a la luz, por la hegemonía de la Iglesia católica en Latinoamérica y porque en algunos lugares se ve como una “vergüenza” que los afectados expongan sus experiencias.
Pero a medida que las protestas cobren fuerza, asegura el ex seminarista, “saldrán víctimas de debajo de las piedras”.
Barbara Blaine, presidenta de la asociación estadounidense Red de Supervivientes de los Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), señaló que ven “un faro de luz” en las protestas provenientes de Latinoamérica, que pueden dar un fuerte impulso en la búsqueda de justicia.
“Es hora de poner protección a todas las víctimas que han sufrido durante demasiado tiempo, de las cuales no todas sobreviven porque se suicidan o caen en adicciones como el alcohol”, recordó Blaine, quien se refirió a las víctimas que se atreven a hablar como “héroes”.
