EFE
En un comunicado, la Secretaría de Estado vaticana lamentó la “radicalización y el agravamiento de la crisis” y señaló que el Papa “sigue de cerca” esta situación y “sus implicaciones humanitarias, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales”.
“La Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución”, se lee en la nota.
La Secretaría de Estado, dirigida por el cardenal Pietro Parolin, antiguo nuncio en Caracas, pidió que “se evite o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente” pues, subrayó, “más que favorecer a la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro”.
Asimismo, dirigió un “apremiante llamamiento” a toda la sociedad para que “sea evitada toda forma de violencia” e invitó “en particular a las fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”.
Dado el “grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos y por la falta de seguridad”, pidió que “se creen las condiciones para una solución negociada” en virtud de las recomendaciones que hizo Parolin el pasado diciembre.
En una misiva, el purpurado reclamaba al Gobierno la creación de un canal humanitario, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral.
La Asamblea Constituyente, integrada solo por los representantes afines al Gobierno de Nicolás Maduro elegidos en las elecciones del pasado domingo, tiene previsto iniciar sus tareas hoy, a pesar de las denuncias de fraude electoral sobre los comicios.
La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) ha rechazado esta iniciativa del Ejecutivo de Maduro por considerarla “peligrosa para la democracia” y el presidente de los obispos venezolanos, Diego Padrón, alertó que podría derivar en una “dictadura militar”.
La Constituyente ha sido rechazada por países como México, España, Colombia, Estados Unidos, México, así como por la Unión Europea, mientras que ha sido reconocida por China, Rusia, Cuba, Bolivia o Nicaragua.
El Vaticano, que impulsó el pasado año una negociación entre las partes que acabó fracasando, se suma de este modo al grupo de países que reclaman a Maduro que suspenda sus planes constituyentes.
