De acuerdo con el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2018, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se le asignó para el año que viene recursos del Estado por unos USD 9 millones.
Este presupuesto representa incluso un recorte de poco más del 10% para esta institución que debe luchar a diario para acabar con el poder que tiene el narcotráfico en nuestro país.
Llama la atención que de estos recortes aplicados por el Ejecutivo casi el 70% corresponden a inversión física, es decir, afecta a la construcción de nuevas sedes mediante las cuales la Senad puede tener mayor presencia y control en zonas consideradas como de dominio de estas mafias.
Si analizamos otros presupuestos, podemos darnos cuenta que los recursos para entidades que pasan casi desapercibido, como la Dirección Nacional de Correos o el Fondo Ganadero, duplican lo asignado para la Senad.
Prácticamente en un manotazo de ahogado, el titular de la Senad, el coronel retirado Hugo Vera, cometió un “sincericidio” días pasados, cuando fue citado ante la Comisión Bicameral de Presupuesto para defender su plan de gastos para el 2018.
“Con este recorte no tenemos ni para pagarle a la Essap. No sé por qué tienen que tocarnos nuestra Fuente 30, no entiendo”, expresó Vera, ante una decena de legisladores que, manipulando sus teléfonos celulares o dialogando casi a los gritos entre sí, tampoco parecía interesarle mucho el tema.
Para tener una idea de a qué se enfrenta la Senad, Vera señaló que mensualmente el lucro cesante del narcotráfico, es decir, lo que deja de recaudar la mafia cada mes por las incautaciones, llega a los USD 12 millones.
Esto señala que en dos meses la Senad incauta drogas por el doble de lo que el Ejecutivo le asigna al año.
Solamente con estos datos, podemos deducir fácilmente que la lucha contra este poder fáctico, no es prioridad para este Gobierno. Definitivamente no.
A la hora de analizar el plan de gasto de la Senad, los parlamentarios deberían tener en cuenta estos datos. En la intención de querer acabar con el poder del narcotráfico, los legisladores deben darle prioridad a esta institución. De lo contrario, demostrarían el mismo desinterés que el Poder Ejecutivo.
Los candidatos a ocupar la presidencia de la República desde 2018 tampoco deberían mirar de reojo a esta problemática. Pero hasta el momento tampoco hemos escuchado a ninguno de ellos explicar su interés en acabar con el narcotráfico.