EFE
En su fallo referido al caso del desaparecido Ismael Chávez Lobos, el juez especial Hernán Crisosto sentenció a trece años de prisión a los generales retirados César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann y a los brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff Marchenko, como autores del delito.
Los cuatro ya cumplen penas de prisión por haber sido condenados en numerosos procesos por violaciones de los derechos humanos.
Otros 39 exagentes fueron condenados a diez años de prisión, también como autores, mientras que en calidad de cómplices otros 31 antiguos agentes fueron sentenciados a cuatro años de presidio.
El juez Crisosto absolvió además a cuatro procesados al no haberse acreditado su participación en los hechos.
En la parte civil, el magistrado ordenó al Estado chileno pagar una indemnización de 150 millones de pesos (unos 212.000 dólares) a la viuda y el hijo de Chávez Lobos, que tenía 22 años cuando desapareció en 1974.
Según los testimonios de otras víctimas de la dictadura, Ismael Chávez Lobos, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue llevado a un centro de detención de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), donde fue interrogado y torturado durante varios días, hasta que fue sacado del lugar con destino desconocido.
En 1975, su nombre apareció en una lista de 119 víctimas de la Operación Colombo, que consistió en un montaje de la DINA para encubrir su desaparición con la versión de que se trataba de miembros del MIR muertos en purgas internas de esa agrupación, que resistió con las armas a la dictadura de Augusto Pinochet.
La versión fue publicada en las únicas ediciones de los periódicos Lea y O Novo Dia, publicadas en Argentina y Brasil por las policías secretas de esos países y reproducida en Chile con titulares como “Exterminados como ratas”.
La Operación Colombo es considerada un adelanto del Plan Cóndor, concertado por las dictaduras militares de los países del cono sur de América para colaborar en el exterminio de opositores.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
