Hace años la idea de alcanzar la denominada calificación de “grado de inversión” ha pasado de una expresión de deseo a casi una obsesión de los altos agentes económicos del país. Aunque en materia macroeconómica es difícilmente posible encontrar un país en la región con números tan brillantes como los de Paraguay, siempre a la hora que las calificadoras internacionales de riesgo deben actualizar la nota chocan contra el paredón de la fragilidad institucional y altos niveles de corrupción.
Hace unas semanas visitaba nuestro país Todd Martínez, un experto de la mundialmente conocida calificadora Fitch Ratings, quien revelaba en una charla magistral a grupo de empresarios, analistas y la prensa que cubre el sector financiero que estos dos factores señalados son el motivo principal del porqué no se puede avanzar en la nota.
Inclusive, puso como ejemplo el caso uruguayo que pese a tener una deuda pública que asciende al 70% de su producto interno bruto y problemas para cumplir cada año con sus metas de inflación, continúa siendo un país en grado de inversión, pues sus indicadores muestran que son la Nación con menor percepción de corrupción y de mayor fortaleza institucional en toda Sudamérica.
Entonces, agregaba el analista, el camino que falta para lograr posicionar al Paraguay en las grandes ligas económicas del mundo pasa porque continúen con sus buenas prácticas de manejo fiscal y monetario, pero que también, impriman un mayor esfuerzo en fortalecer sus instituciones y menor nivel de corrupción e inestabilidad política.
Reflexionando en estas palabras, observamos hoy un patético escenario político marcado por la inestabilidad; simplemente, porque a dos ex presidentes de la República se les ocurre perpetuarse en el ejercicio del poder accediendo a una banca como senadores activos, cuando que la Constitución que rige en este país hace 26 años dice textualmente que serán (de forma imperativa) senadores vitalicios, sin derecho a voto.
Pero lo más grave –y aquí es donde se desnuda nuestra fragilidad institucional– es que aunque el texto del artículo 189 de la Carta Maga es extremadamente claro, la Corte Suprema se las arregló para hacer forzar su interpretación y habilitarlos a ser candidatos en los últimos comicios.
Esto es muy grave, pues se desnuda la manera en que la máxima instancia judicial del Paraguay es totalmente sometida al poder político; lo que volviendo al aspecto económico, no representa ninguna señal de seguridad jurídica para los inversores locales y más aún, para los internacionales.
Desde el cartismo se está ejerciendo una fuerte presión para que los legisladores afines al presidente electo, Mario Abdo Benítez, reviertan su posición de respeto a la Constitución, siendo acusados diariamente de “traidores”.
Pero, de momento, una mayoría en el Congreso Nacional está impidiendo que se consume esta violación al no aceptar la renuncia de Horacio Cartes al cargo de presidente de la República, cargo que vale recordar juró en el 2013 entregarlo recién el próximo mes de agosto de este año.
Mientras sigue este ambiente de sumas y restas de votos para consumar un acto ilegal polarizando el debate en medios de comunicación, a quienes nos están observando desde afuera no les damos ninguna señal de siquiera haber iniciado un camino hacia corregir estas fragilidades.
El término peyorativo de república bananera se aplica a un país políticamente inestable, donde la corrupción es parte de la vida cotidiana; y por ello, aunque nuestros números económicos nos vistan de traje y corbata, a la hora de rendir examen no superamos la condición de un plátano.