EFE
La concesión o no de fondos gubernamentales estadounidenses a los grupos pro aborto en el exterior ha sido un asunto contencioso en las últimas Administraciones, que los han autorizado durante mandatos demócratas y prohibido durante los republicanos.
Esta prohibición, que se conoce como “la política de la ciudad de México” porque se anunció en una conferencia de la ONU celebrada en esa ciudad en 1984, representó una de las piedras angulares de la política social de Ronald Reagan (1981-89).
Bill Clinton la abolió durante su mandato (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009) la abrazó de nuevo, mientras que Obama acabó de nuevo con ella en su tercer día en el poder, también un 23 de enero.
Una ley aprobada hace más de cinco décadas ya prohíbe que las organizaciones extranjeras usen fondos del Gobierno estadounidense para llevar a cabo abortos o alentar su práctica, pero Reagan fue más allá al impedir siquiera la concesión de fondos a cualquier grupo que usara otros medios financieros para conseguir esos fines.
Estados Unidos destina actualmente cerca de 544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo, según datos de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID).
Los críticos de la “política de México” alegan que las restricciones han limitado sobremanera la financiación de grupos humanitarios que ofrecen servicios de planificación familiar y sanitarios y que lo que acaban causando es que las mujeres tengan que recurrir a abortos ilegales y en condiciones poco seguras.
Los defensores de la medida, mientras, niegan que haya causado un aumento de los abortos ilegales en el exterior.
Trump, que hace unos años defendía el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, se ajustó durante la campaña presidencial a la oposición rotunda al aborto de los republicanos.
Su firma de la orden ejecutiva se produjo un día después del aniversario de la sentencia en el caso “Roe contra Wade”, que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973, y despertó críticas de varios legisladores demócratas, como la senadora Jeanne Shaheen.
“El restablecimiento de esta política ignora décadas de investigación y pone la ideología por encima de las mujeres y las familias”, indicó Shaheen en un comunicado.
La medida podría afectar las actividades de la rama internacional de Planned Parenthood, una organización estadounidense que proporciona servicios de salud reproductiva en más de 180 países y que se ha convertido en blanco de los ataques de los republicanos.
Trump también firmó hoy una orden que congela las contrataciones del Gobierno federal, exceptuando las de las Fuerzas Armada, una medida que prometió durante su campaña.
