Es más, recomendó levantar las medidas cautelares, por el comportamiento procesal del acusado. Es decir, que decreten la prisión de uno de los encausados.
El procesado Marco Ferreira había presentado una apelación en contra de la resolución del 28 de marzo pasado que ratificó a los juezas Nilda Giménez, Gloria Hermosa y Alba González.
Sin embargo, los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios declararon inoficioso el estudio del recurso de apelación del encausado.
Rolón opinó que el rechazo de la recusación no es apelable. Alega que en el sistema procesal es inexistente un mecanismo de tercera instancia, por lo que dice que es inoficioso su estudio.
Por su parte, Arias sostuvo que con la apelación, lograron la suspensión del juicio oral previsto del 11 al 15 de setiembre. Con ello, lo que dice el apelante no sustenta su conducta, por lo que recomienda una sanción, que podría ser la prisión.
Finalmente, Ortiz Barrios dice que el magistrado tiene el poder de disciplina cuando el imputado o su defensa, cometan excesos que se instalan abusivamente por las partes en el juicio.
EL JUICIO. En el caso, a más del ex ministro Riart, y Marco Antonio Ferreira, están acusados el ex funcionario Albino López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas; y Luis Fretes Prieto, ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones.
La acusación de la Fiscalía apunta que Riart, cuando era ministro de Educación, compró el edificio Excelsior, ubicado sobre Benjamín Constant y 15 de Agosto, por más de 14.000 millones de guaraníes.
Esto dice el Ministerio Público, con el argumento de una urgencia impostergable debido al hacinamiento de funcionarios en la sede principal del Ministerio de Educación, pero nunca se realizó la transferencia a favor de la cartera de Estado.
Además, sostiene que se pagó más de lo que había sido tasado, con lo que hubo un sobrecosto.