El hombre, de profesión herrero, estuvo deambulando por varios pabellones, mientras su caso pasaba por manos de tres defensores públicos.
Fue acusado de robar 50.000 guaraníes de una vivienda en Valle Pucú, Areguá, lugar donde también reside.
Como muchos otros reclusos, Caballero no tenía la posibilidad de pagar un abogado privado y su caso pasó al olvido. Hasta que este año, mediante el convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y un grupo de abogados de renombre que atienden ad honorem las causas de los reos de escasos recursos, se pudo constatar que Caballero ya había compurgado la pena mínima por el hecho del que era procesado y se inició los trámites para su libertad.
La abogada Norma Penayo, que pertenece al equipo jurídico liderado por José Ignacio González Macchi, fue la encargada de asesorar legalmente al reo, que ya había perdido las esperanzas de abandonar el penal.
La abogada mencionó entre otras cosas que, cuando fue a revisar el expediente del reo en el Juzgado de Luque, se encontró con que este se había perdido. “Cuando fuimos al Juzgado nos dijeron que el expediente se extravió. Entonces, se pidió una reconstitución”, explicó la abogada. Recordó igualmente que su representado le había mencionado que en el tiempo en que estuvo en reclusión, no lo llamaron a declarar.
Libertad. Según lo manifestado por la abogada, se dieron muchos hechos llamativos en el proceso que involucró a Caballero. El supuesto robo habría ocurrido en el 2014; en ese tiempo fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. La fiscala Celeste Campos, quien pidió su prisión y lo imputó por hurto agravado, falleció en agosto de 2015, por lo que el caso pasó a otro fiscal, Augusto Ledesma, quien formuló la acusación.
Luego de la reconstitución, la defensora pidió la libertad de Efrén, quien ya había compurgado con creces la pena mínima establecida para este tipo de delitos.
El jueves, en horas de la tarde, el director del penal, Luis Barreto, le entregó el oficio que le devolvía la libertad y salió de la penitenciaría.
Álvarez recordó el momento en que vio por primera vez a su defendido, que emocionado le dijo que no se esperaba esa ayuda. “Estaba muy emocionado y no creía que iba a poder salir; él pensó que se lo iba a trasladar a otra penitenciaría”, expresó.
La iniciativa de los abogados solidarios es impulsada por el Ministerio de Justicia para que las causas de las personas de escasos recursos privadas de libertad puedan ser atendidas de manera gratuita. Entre los distinguidos leguleyos que prestan este servicio se encuentran Cecilia Pérez, Jorge Bogarín, Andrés Casati, Guillermo Ferreiro, entre otros.
