Susana Oviedo
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El doctor Evelio Fernández Arévalos (86) es uno de los autores de la Constitución Nacional. Como senador liberal, se destacó por su esmerada y prolífica gestión durante tres legislaturas seguidas. Convencional constituyente y miembro de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente de 1992, tiene autoridad para analizar uno de los últimos acontecimientos políticos que devino en la aplicación, por primera vez, de la figura constitucional de pérdida de la investidura a un senador –Óscar González Daher– por el “fehaciente uso indebido de influencia” desde su posición de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que integraba en representación de la Cámara Alta. “Un paso muy importante que va a revertir en un mejor funcionamiento del Parlamento”, cree.
–Cuando discutieron los términos de la Constitución Nacional, ¿pensaron en la posibilidad de que organismos como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) podrían ser permeables a la manipulación política, como se ha constatado?
–Habíamos tomado en cuenta todos los intentos hechos en diversos países. Por ejemplo, en Italia, un sistema que deja en manos de los propios jueces que juzguen a sus pares. Es decir, la autorregulación. Pero recibimos un consejo muy especial de quien había sido presidente de esa entidad, un sabio italiano, que nos rogó que no les copiáramos ese modelo, porque no servía. Creaba contubernios y primaba aquello de “entre bueyes no hay cornada”.
Entonces se nos ocurrió hacer un organismo en el cual participaran un representante de la Corte Suprema de Justicia, un poder del Estado; diputados y senadores, por otro poder del Estado, profesores de la materia, por la academia, y creímos que de esa manera evitaríamos que los magistrados fueran juzgados exclusivamente por sus pares. Que participara en el proceso de juzgamiento gente que se supone está capacitada para juzgar objetivamente y que tiene conocimiento técnico suficiente para el efecto. Establecimos una especie de máxima que decía, en ningún caso, nadie será juzgado por sus pares, sino por sus nones, y parecía que iba a funcionar bien, pero el factor humano lo privó.
–Esto que quedó demostrado a través de la filtración de audios de conversaciones del presidente del JEM y su secretario operando para manipular los votos y favorecer o perjudicar a ciertos fiscales, ¿es de larga data?
–Creo que inicialmente la influencia partidaria no pudo evitarse totalmente. No había forma. El medio estaba politizado en un extremo tal que no permitía consideraciones objetivas. Durante un tiempo funcionó aceptablemente bien. Después, según nos fuimos enterando, la cosa derivó ya en círculos que oficiaban por intereses económicos particulares, y se desbarrancó en cierta medida, lo cual no significa que la institución sea mala o inconveniente, sino que tal vez haya que complementarla tomando en cuenta la experiencia histórica de la misma, con ciertos recaudos que impidan ese tipo de manejos.
–¿Como cuáles?
–El paso inicial y más importante son las medidas orientadas a transparentar la gestión del JEM, no solamente la legal, sino para evitar la ilegal. A mí no se me ocurre otra forma de constituir la integración del JEM, sino es de forma plural y con representantes de distintas instituciones del Gobierno en general, e instituciones académicas.
–Señaló el factor humano que puede terminar bastardeando a las instituciones. Es notoria la baja calidad de la dirigencia política y en la composición de las Cámaras del Congreso. ¿Cómo lo ve usted?
–Creo que sí, y eso es gravísimo, porque en un régimen democrático, solamente el esfuerzo colectivo orientado al bien público puede hacer que un país vaya adelante No hay otra forma. Trabajo, honestidad, transparencia son pautas que no pueden soslayarse de ninguna manera. Y es cierto, eso que señala, ha hecho incurrir en el desprestigio de instituciones tan importantes para la democracia, como las Cámaras del Congreso, el Ejecutivo. Ese es un tema muy grave porque remontarlo es sumamente difícil. Para hacerlo, tiene que darse una voluntad colectiva que se vaya materializando en medidas que impidan desvíos de la función propia, por ejemplo, del Parlamento.
–En eso los partidos políticos tienen mucho que ver, ¿no cree? Pero también cayeron en desprestigio en los últimos años, no promueven los valores, ni forman nuevos cuadros dirigenciales...
–En ese sentido, no creo que haya otro camino sino más democracia, más participación popular, más transparencia. No hay otra forma, porque es una organización comprometida con miles de intereses, de presiones. Los integrantes del Parlamento reflejan la composición socioeconómica del país y también su cultura política. No se puede escindir eso y pedirles a los parlamentarios que sean excelentes exponentes de la política, cuando están viniendo ya de partidos políticos que no cumplen adecuadamente con su función.
–¿Cuál es el espíritu de la pérdida de investidura, que acaba de aplicarse por primera vez en el país a un senador, quien desde el JEM incurría en tráfico de influencia y distorsionaba la justicia?
–La pérdida de investidura es específicamente para situaciones en las cuales se involucre el mal uso de las facultades propias de los parlamentarios. Es el único medio idóneo para lograr que una persona que está metiendo intereses privados en la función pública, sea sacada del medio, porque si no, el cuerpo no puede funcionar adecuadamente.
–En todo esto que estamos viendo con respecto a la Justicia y al poder político resaltan la impunidad y la falta de credibilidad del Poder Judicial. ¿Cree que se está iniciando un proceso para revertir esto?
–Si se pudiera evitar todo tipo de influencia partidaria, yo comenzaría por ese lado, porque es un mal que afecta directamente al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Ataca la independencia y hace que los intereses propios de un sector político tengan prioridad frente a la necesidad de ser imparcial y aplicar la ley. Lo que podría hacerse es que los partidos políticos se comprometan a realizar acciones conjuntas tendientes a enmendar esta situación y mediante una legislación adecuada, se logre que estos órganos jurisdiccionales funcionen adecuadamente y puedan interpretar y aplicar la ley sin influencias perturbadoras.
–Habla de legislación. ¿Qué plantea concretamente?
–Una ley que establezca garantías de transparencia y la intervención preventiva del Consejo de la Magistratura o del JEM en ciertas áreas para evitar que sucedan lo que estamos viendo que se da.
Lo básico acá es que haya ese acuerdo como una especie de línea maestra y compromiso ineludible que involucren a los principales partidos políticos.
–¿Sería como un pacto en el que digan de nuestra parte no habrá injerencia alguna en estos órganos, pero ustedes tampoco?
–Asimismo es. Es un acuerdo político. Una de las faltas que tiene la clase política en el Paraguay es que no ha logrado esa coincidencia sobre líneas maestras como lo han conseguido los españoles, chilenos. Casi todo el mundo tiene un núcleo de acuerdo entre los partidos políticos ya sea documentado, escrito o no, pero que es costumbre y uso, y que hace que sea previsible el funcionamiento de todas las instituciones del área judicial.