Por Édgar Medina y Fernando Boccia
La Fiscalía de Delitos Económicos realizó siete allanamientos ayer en Ciudad del Este, en el marco de una nueva investigación por un presunto esquema de evasión de impuestos. El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que detectó la utilización de facturas falsas por un monto total de cerca de 270 millones de dólares (G. 1.602.837.350.819).
La denuncia realizada por la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, señala que existen discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de 13 contribuyentes y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
La presunción de la SET es que 13 contribuyentes proveyeron facturas falsas a 287 empresas, que luego las presentaron ante el Fisco para evadir impuestos.
A principios de febrero, funcionarios de Tributación se entrevistaron con tres de estos supuestos proveedores. Todos negaron tener vinculación comercial con las empresas que presentaron sus facturas y dos de ellos incluso afirmaron desconocer que estaban inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
SOSPECHOSOS. El nexo encontrado por la SET entre los proveedores y las firmas que utilizaron sus facturas son dos contadores: Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González. Ambos fueron contadores para los proveedores y para las empresas que usaron las facturas presuntamente apócrifas.
Al respecto, la denuncia señala que Ignacio Urbieta Cantero “ha recibido personalmente los requerimientos de documentación de 2 de los 21 contribuyentes notificados y ha participado del arqueo de caja practicado a la firma Serena Group SA, además de figurar como profesional contable de al menos otros 40 contribuyentes”.
El escrito también detalla que los “proveedores inconsistentes” de facturas son Nelson Florentín Portillo, Alberto Ramón Orué, Isidora Teresa Bernal, Fredy Escobar, Bernardo Mareco, Victorino Encina, Genciano Meza, Company Electronic SA, Liliana Mabel Ayala, Aníbal Candia Arellano, Tranding Internacional SA, R.T. Import Export SA y María Estela Ramírez Galeano.
Asimismo, en la denuncia la viceministra solicita a la Fiscalía que tomen declaración a los auditores impositivos externos que hicieron trabajos para las empresas vinculadas a Urbieta y Brítez.
El caso fue designado por el fiscal general, Javier Díaz Verón, a los fiscales de Delitos Económicos Martín Cabrera y Luis Piñánez.
PROCEDIMIENTOS. El fiscal Piñánez allanó ayer el edificio Corporative Society Offices, ubicado sobre la calle Curupayty. Según trascendió, el inmueble pertenece a Ignacio Urbieta. Los investigadores buscaron facturas falsas.
Asimismo, el fiscal Marcelo Saldívar, quien coadyuvó en la investigación, allanó viviendas en la planta baja del edificio España. El mismo agente allanó un local sobre Pa’í Pérez y Pampliega, en el centro de Ciudad del Este, sin resultados positivos.
Por su parte, la fiscala Karina Caballero allanó el edificio Arami, donde anteriormente funcionaba una oficina contable. La comitiva tampoco encontró evidencias.
