Una de las reformas más importantes para incrementar el ahorro nacional e impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos es la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones.
El sistema actualmente está formado por dos entidades sectoriales importantes: la Caja Fiscal, de funcionarios públicos, y, el Instituto de Previsión Social (IPS), para los trabajadores del sector privado. Adicionalmente existen una serie de pequeñas cajas ligadas a algunas entidades públicas y otras cajas mutuales privadas.
En general, es un sistema disperso de entes autónomos, segmentado, sin movilidad entre ellas, casi todas ellas con importantes déficits actuariales y sin regulación ni supervisión adecuadas. La cobertura no llega siquiera al 30% de la fuerza laboral del país y en los últimos 25 años hemos tenido recurrentes casos de mala administración de los fondos con pérdidas millonarias en el patrimonio de los aportantes y jubilados.
Es necesario encarar una reforma que apunte a incrementar la cobertura del sistema al 100% de la fuerza laboral en los próximos años, que revierta los déficits actuariales proyectados, lo convierta en un régimen financieramente sostenible a largo plazo y que las cajas sean supervisadas adecuadamente de tal manera a que los fondos jubilatorios sean invertidos de una manera profesional, con criterios ajustados a las buenas prácticas en administración de fondos de pensiones y prevenir de la mala administración de los mismos.
En la medida en que estos objetivos se vayan cumpliendo en los próximos años, irá mejorando la seguridad económica de los trabajadores para sus años de retiro de la actividad laboral y se irá produciendo un incremento en el ahorro nacional que invertidos racionalmente impulsará un círculo virtuoso de mayor ahorro, mayor inversión, mayor crecimiento económico, mayor generación de oportunidades laborales y, finalmente, mayor bienestar para todos los ciudadanos de la República.
En este sentido, en la última década los distintos Gobiernos han venido trabajando con asesoramiento de los organismos multilaterales en los cálculos actuariales y en el diseño de una estrategia de reforma gradual y progresiva del sistema de jubilaciones y pensiones, tomando en consideración las condiciones particulares de nuestro país.
Como primer resultado, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Pensiones como ente regulador y fiscalizador del sistema y determina además una regulación común de las inversiones en las cuales pueden aplicarse los recursos que forman parte el fondo de jubilaciones de todas las cajas, definiendo en qué tipo de instrumentos financieros pueden invertirse así como los límites máximos y mínimos para cada uno de ellos.
La creación de la Superintendencia de Pensiones es fundamental para empezar a supervisar adecuadamente la administración de los fondos jubilatorios y ordenar financieramente al sistema. Las buenas prácticas, basadas en la experiencia tanto local como internacional, nos indican que esta Superintendencia debe ser independiente tanto política como sectorial y financieramente y debe tener la capacidad técnica suficiente para poder realizar la importante tarea que le corresponde.
El Banco Central del Paraguay es la entidad pública con mejores recursos y conocimientos técnicos en materia financiera en nuestro país. Además es una entidad independiente y una de las pocas entidades públicas que goza de una muy buena reputación tanto a nivel local como internacional.
Por estas razones, lo más adecuado es que la Superintendencia de Pensiones dependa del Directorio del Banco Central. Además, esta dependencia mejorará la visión de conjunto del sistema financiero por parte del Directorio del Banco Central y permitirá una mejor coordinación con la Superintendencia de Bancos, considerando la importancia que tienen y tendrán los fondos jubilatorios en el ahorro dentro el sistema financiero nacional.
En los próximos años serán necesarias reformas adicionales que faciliten la accesibilidad, incrementen la cobertura, mejoren la movilidad de los trabajadores y vuelvan sostenible financieramente al sistema. Este es el primer paso.