“Él (Enrique Riera) finalmente nos quiere adjudicar a nosotros la total responsabilidad, él también es responsable, pero quiere quitar la nalga a la jeringa, nos tira todo el barro a nosotros nomás”, apuntó el ingeniero Víctor Hugo Sánchez, uno de los 13 miembros del comité evaluador nombrado por el ministro de Educación para el llamado a licitación pública Nº2/2016.
Luego de publicarse las anomalías por nuestro diario y otros medios, Riera terminó admitiendo las irregularidades en la primera licitación que realiza al frente del MEC.
Además, deslindó responsabilidades. Apartó del cargo y ordenó sumario administrativo para los 13 miembros de la comisión que evaluó las ofertas presentadas por 42 firmas.
El ingeniero Sánchez expresó que Riera estaba al tanto de los movimientos del comité y aseguró que en un momento dado incluso se planteó la idea de saltar al menos un paso requerido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado que finalmente terminó en un fiasco. Todo este proceso se manejó con un hermetismo brutal en una cartera de Estado que tenía algunos pasos adelante en lo que a información pública se refiere.
“No firmó la adjudicación con los ojos cerrados, también puede objetar o rechazar lo que sugiere la comisión de evaluación”, reafirmó el técnico contra Riera.
Indignados. Sánchez dijo además que se sienten agredidos por las palabras del ministro en una conferencia días atrás. “Creo que acá hubo negligencia, impericia, incompetencia o en algunos casos mala fe o hechos de corrupción”, manifestó Riera sobre su comité evaluador.
Sobre si el titular del MEC sabía lo que pasaba desde el inicio del llamado, el funcionario que se desempeñaba en Infraestructura respondió que sí. “En un momento dado, preocupado (Riera) nos pregunta si qué posibilidad existía de que nosotros pasemos por alto uno de los requisitos del PBC. Yo mismo le pedí un sustento por escrito en base a su pedido, porque después surge un problema y todo el peso cae sobre nosotros, que es lo que al final pasó”, comentó. No se pasó por alto nada por la falta de ese respaldo en papel.
Sánchez aclaró que en ningún caso las autoridades trataron o propusieron beneficiar a ninguna empresa. “El problema era la falta de adjudicaciones, de 14 lotes solo teníamos 3 adjudicados”, agregó. Precisamente, el cuarto adjudicado fue el Consorcio Itacua, cuyo líder es la Distribuidora Fénix de Nancy Godoy, una empresa cuyo negocio son los alimentos antes que las obras de infraestructura. “Las empresas incumplieron lo que dice el pliego, no tenemos la culpa”, refirió sobre las firmas descalificadas. Anuncian una conferencia para este lunes.
