A través de una nota solicitó a la economista Alba Talavera y al abogado Alfredo Enrique Kronawetter que se expidan sobre el tema. El parlamentario pidió a los profesionales que consideren las posibles acciones y violaciones legales que pueda haber en el proceso.
Vale señalar que auditores de la Contraloría se instalaron desde el viernes en el MOPC para revisar documentos de la licitación del Aeropuerto. Justamente, el organismo de control verificará las documentaciones de la licitación en cuestión, a pedido de la Comisión Permanente del Congreso, que puso en duda la credibilidad de la convocatoria.
Recordemos que los representantes de la empresa Cedicor (firma argentina del grupo Eurnekián), liderado por Eduardo Acosta, presentaron al Parlamento documentos de supuestas irregularidades del proceso APP. La mencionada firma fue eliminada de la licitación por incumplimientos técnicos, según MOPC, por lo que puso en duda el llamado.
contra cedicor. Por su parte, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, reiteró que en una semana más ya concluirán la evaluación de las ofertas económicas de los dos oferentes que continúan, pero que esperarán que la Contraloría termine su auditoría para definir la adjudicación.
El ministro además se descargó en contra de Cedicor y señaló que la propia Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) evaluó el aspecto de la seguridad de la oferta de Cedicor. Consideró que la empresa argentina no cumplió con los requisitos técnicos –específicamente de seguridad de la pista–, para que el nuevo aeropuerto consiga una certificación internacional.
A su vez, enfatizó que con el “elevado” canon de 47% que ofertó Cedicor iba perder dinero, lo cual consideró que no era factible. “La oferta que ofreció Cedicor es muy alta, que nosotros no vimos por su eliminación, pero la hemos evaluado con nuestro estudio de factibilidad y nos da la pauta de que iba a perder dinero”, resaltó.
Resaltó además que Cedicor iba a necesitar 28 años más de extensión de su concesión (sumado a los 30 años que se previó) para poder empatar (su inversión).
Por ahora continúa la puja entre dos empresas, pero la virtual ganadora es la española Sacyr, que planteó abonar un canon al Estado paraguayo el 32,06% de todos los ingresos brutos que genere el aeropuerto en un año, durante los 30 años del contrato de concesión. El otro competidor, la francesa Vinci, propuso un canon de apenas 1,02% de la recaudación.
Se estima que las obras de modernización del aeropuerto costarán USD 149 millones y se prevén ejecutar en tres fases, dentro de los treinta años del contrato de concesión. Sin embargo, la inversión asegurada es de solo USD 109 millones en la primera fase, que incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, estacionamientos y el mejoramiento de la pista. El resto de la inversión se realizará si aumenta la cantidad de pasajeros en la terminal aérea.
