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Política
viernes 8 de enero de 2016, 01:00

Sobre la hora, intendentes y concejales cumplieron con la declaración jurada

224 de 250 intendentes presentaron su declaración jurada de bienes y rentas. Llamativamente el detenido y procesado Denilso Sánchez figura en la lista de los que llevaron documentos a la Contraloría.

Intendentes y concejales se agolparon ayer en la sede de la Contraloría General de la República para presentar la declaración jurada de bienes y rentas, ya que en la víspera, a las 17.00, venció el plazo para acercar los documentos.

Anoche, la Contraloría confirmó que 224 intendentes presentaron su respectiva declaración. Los 26 jefes comunales restantes no cumplieron con la ley (ver infografía), entre ellos varias autoridades de ciudades comprendidas en los departamentos de Ñeembucú, Itapúa y otros.

Los ejecutivos municipales, a último momento, se presentaron en la institución, ante la amenaza de que no podrían cobrar sus salarios si no se ponían al día con la obligación de declarar sus bienes e ingresos mensuales.

El contralor Roy Rodgers comunicó que enviará la lista de los intendentes que no remitieron su declaración jurada al Ministerio de Hacienda y a la Opaci, señaló Ricardo Roa, director de Comunicación de la institución.

Además, explicó que tanto concejales como intendentes que no presenten el documento no podrán cobrar sus salarios.

El artículo 10 de la Ley 5033/13 establece que si el declarante "no presentare lo requerido dentro del plazo establecido, la Contraloría comunicará a la institución en la cual presta servicios, para que suspenda el pago de las remuneraciones que le corresponden hasta que compruebe el cumplimiento de la obligación".

MULTAS. Las autoridades comunales que no hayan presentado hasta ayer sus documentaciones deberán abonar la multa de G. 300 jornales mínimos, que equivalen a G. 21.046.800.

Además, si la persona no cumple con la presentación ni con el pago de la multa, quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos, ya sea por nombramiento o contrato, y en caso de ser un cargo electivo, la inhabilitación será de 10 años.

Las carpetas deberán ser evaluadas, y las personas encargadas pueden solicitar más datos, y en caso de que no presenten en el plazo establecido, la multa será de 200 jornales.

En caso de que la información sea errónea y faltare a la verdad, la Contraloría puede multar con hasta 500 jornales.

Cabe señalar que los intendentes y concejales salientes también debía presentar la declaración jurada. Si no presentan documento, no podrán trabajar para el Estado y tampoco podrán ser candidatos.

llamativo. El electo intendente de Capitán Bado, Denilson Sánchez, detenido por presunto lavado de dinero, sí presentó su declaración jurada.